Sonia Sánchez, defensora del medio ambiente

'Hay que concienciar a la población de que la lucha ambiental es la lucha de todos'

Muchas activistas medioambientales se enfrentan a denuncias, acoso, hostigamiento y amenazas de muerte, pero pese a ello siguen luchando. Hemos hablado con una de estas mujeres valientes sobre su lucha y sus motivos para no rendirse.

En marzo del año 2016, la noticia del asesinato de la activista medioambiental hondureña Berta Cáceres dio la vuelta al mundo y ocupó muchos titulares de prensa. La muerte de la líder ecologista puso de manifiesto la violencia a la que se enfrentan muchas personas que defienden sus territorios por todo el planeta.

A pesar de la enorme repercusión mediática del caso de Berta Cáceres, tres años después las cosas no han cambiado mucho e, incluso, han ido a peor. Según la organización Front Line Defenders, en el año 2017 más de trescientos defensores  de los derechos humanos fueron asesinados por su trabajo pacífico en todo el mundo. El Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas) tenía registrados a comienzos de 2019 un total de 2.688 casos de conflictos en el mundo relacionados los territorios, casi todos con empresas que, sin embargo, no están sujetas a ningún tratado vinculante a nivel internacional que les obligue a cumplir los derechos humanos y ambientales.

Los activistas se enfrentan a diversos ataques como la intimidación, amenazas, hostigamiento psicológico y campañas de desprestigio, y países como Honduras, México, Guatemala y El Salvador son algunos de los más peligrosos para defender el medio ambiente.

El proyecto DesTieRRRadas, elaborado por la organización Alianza por la Solidaridad, muestra las vulneraciones de los derechos humanos que sufren las mujeres que defienden el medio ambiente en El Salvador y Guatemala. Para ello han dado voz a dieciocho mujeres que afrontan distintos conflictos socioambientales en estos países, y cuya actividad en defensa del territorio ha cambiado sus vidas y las ha puesto, muchas veces, en situaciones límite.

Hemos hablado con una de estas mujeres, Sonia Sánchez, que lidera el Movimiento de Mujeres de Santo Tomás en El Salvador y forma parte de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Lucha desde hace años en defensa de los bienes naturales frente a la empresa Grupo Roble, constructora de una urbanización de viviendas de lujo que ha talado en su municipio más de 30.000 árboles y ha ocasionado numerosos impactos medioambientales en la zona.

El movimiento liderado por Sonia Sánchez en contra de esta urbanización logró hacerse oír entre sus vecinos, ante lo cual la empresa comenzó a hacer regalos a la comunidad y a amenazar a sus líderes.  Por esta lucha ha tenido dos demandas por coacción y por difamación y calumnias por parte de la empresa. Aunque finalmente fue absuelta, el coste material y emocional ha sido altísimo: Sonia se ha enfrentado a la intimidación y ha sufrido diversas amenazas de muerte.

Cuénteme cómo empezó su lucha contra este proyecto urbanístico

La comunidad que iba a resultar afectada por la construcción de la urbanización contactó con el Movimiento de Mujeres de Santo Tomás para que les acompañáramos en su lucha contra el proyecto. En un primer momento hubo muchas resistencias por parte de otras organizaciones y de la comunidad pero, al final, la empresa logró dividirnos a base de hacer regalos y promesas que hasta ahora no ha cumplido. Al final nos quedamos dos asociaciones de mujeres al frente de la denuncia.

La empresa compró terreno en un área que, según dictaba la ordenanza municipal, era zona de recarga hídrica. Esto significa que solo podía emplearse para cultivo o para declararse zona de reserva forestal. Pero en el 2007 se cambió la ordenanza y se tipificó como zona urbanizable. De esta forma la municipalidad, que estaba en ese momento representaba por un partido que aglutinaba a todos los poderes económicos del país, le dio luz verde a la empresa. Por otro lado, con el cambio de gobierno central en 2009 se entregaron una serie de permisos ambientales a diferentes empresas para desarrollar sus proyectos de construcción. En este en concreto había una cláusula para ejecutarlo antes de un año, y en caso de no hacerse habría que renovar los trámites. Sin embargo las obras no se iniciaron hasta el 2015, pero no se renovó el permiso, esa fue nuestra denuncia.

 

¿Cuáles han sido las consecuencias ambientales del proyecto? ¿Y las sociales, qué repercusión ha tenido en la vida de la gente?

El proyecto urbanístico consiste en 416 viviendas valoradas en unos 80.000 dólares y pensadas para familias de clase media alta. La población de Santo Tomás, que vive de los cultivos, del trabajo en la industria textil y del comercio informal, no puede acceder a ellas.

A partir de la ocupación de las nuevas casas estamos sufriendo cortes de agua: las comunidades más pobres solo tienen acceso dos días a la semana pero, sin embargo, las personas de esta urbanización tienen agua día y noche.

El río está  contaminado como consecuencia de los vertidos de la planta de tratamiento de las aguas residuales de la urbanización y los cultivos de la gente que vive río abajo han sido afectados por este motivo. Además, se han secado varios pozos artesanales.

 

Comentaba que la población local tenía opiniones enfrentadas con respecto al proyecto…

Ante el movimiento social generado, la empresa convocó a los líderes de las comunidades para llegar a acuerdos. Se ofrecieron muchos regalos, principalmente juguetes y bicicletas para los niños, la madera procedente de los miles de árboles talados, mejoras en la zona verde, la construcción de un parque y de una cancha de fútbol, la construcción de una iglesia nueva….  al final, de todas esas promesas no se ha cumplido casi ninguna, tan solo han mejorado la escuela. No existe esa responsabilidad social a la que se comprometieron.

Foto: imagen de la urbanización construida en el municipio de Santo Tomás

 

¿Cuáles han sido las represalias por luchar contra este proyecto?

A nivel judicial, nos demandaron por delito de coacción a los líderes de las asociaciones, y además a mí me pusieron una segunda demanda por difamación y calumnia.

También nos ha tocado enfrentar amenazas de muerte, a nosotros y a nuestros familiares, llamadas por teléfono, acoso sexual -incluso por los mismos compañeros de lucha-, discriminación, criminalización, allanamientos a la vivienda… una serie de situaciones que no nos pasaban antes de este caso, fue a partir de 2015 cuando empezó esto.

Los costes que pagamos son inmensos, tanto en lo emocional como en lo físico y lo económico. Nosotras no tenemos mucho apoyo financiero, trabajamos de forma voluntaria. Aunque, eso sí, tenemos alianzas estratégicas con otras organizaciones  feministas y ambientales que fueron las que asumieron los costes de pagar un abogado, y de la atención psicológica para sostenerme durante todo el proceso de la demanda.

Por otro lado, desde que sucedió todo esto yo no he conseguido emplearme.

 

Reláteme un momento de especial tensión vivida durante su lucha.

Cuando trabajas colectivamente, cada hecho que viva una compañera te afecta a ti también. Por ejemplo, los allanamientos son un momento que genera mucha tensión: estás durmiendo en tu casa a la una de la madrugada, tiran tu puerta y se mete todo un cuerpo militar con armas de grueso calibre a registrarte. Soy defensora de los derechos humanos, no voy a andar metida en cosas ilegales, pero ellos buscan la manera de criminalizarte, y al final tenemos que estar revisando nuestra casa continuamente porque nos pueden meter cosas ilícitas y luego denunciarnos por ello.

También recibimos llamadas por teléfono para amenazarnos, te dicen por ejemplo que van a pagar 3.000 dólares a alguien para hacerte desaparecer o para dañar a tu familia. Ya no caminas tranquila por la calle porque no sabes si te van a matar… sí, nos ha tocado vivir momentos muy complicados.

Y, ¿cuál es su situación actual? ¿Sigue viviendo en El Salvador a pesar de las amenazas?

Sí, cuando comenzaron las amenazas, hubo un momento en el que se me planteó la posibilidad de salir del país, pero yo tengo cuatro hijas y no me quería separar de ellas. Además, cuando lo planteé en la organización mis compañeras me dijeron: “¿Y qué pasa con nosotras?”.

Nos dimos cuenta de que ninguna podíamos salir sin dejar a las compañeras en la estacada. En ese momento analizamos nuestra situación, y nos dimos cuenta que cada una de las mujeres que somos miembro de las dos organizaciones que seguían en la defensa frente al proyecto urbanístico habíamos vivido un riesgo que, hasta ese momento, no habíamos relacionado con la lucha ambiental que estábamos llevando a cabo.

En muy pocos meses, cada una de nosotras había vivido una serie de situaciones que estaban relacionadas con lo que estaba pasando. Así que decidimos quedarnos y trabajar todo un protocolo de seguridad en nuestra casa, con nuestras familias, en la comunidad y en la organización. Estamos trabajando en el tema de autocuidado colectivo, porque al final todos estos procesos te hacen enfermar: cuando estás cuidando a otras personas no te cuidas a ti misma.

 Además, dentro de la Red Salvadoreña de Defensoras hay un espacio que busca la protección e integridad de las activistas del país, y gracias a todo esto hemos logrado quedarnos. Estamos en la Red y en la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de los Derechos Humanos donde llevamos toda una sistematización de registro de amenazas y riesgos que sufrimos las defensoras y cada dos años hacemos un informe de nuestra situación en la región.

 

Todo este sistema de autodefensa lo han elaborado ustedes mismas y las asociaciones que colaboran con ellas pero, ¿se siente usted protegida por parte de su gobierno y de la comunidad internacional?

El Gobierno salvadoreño debería garantizarnos la seguridad, y no lo hace. En 2015, el procurador de derechos humanos que estaba en el cargo se pronunció públicamente por la situación que vivíamos en Santo Tomás y debido a una amenaza de muerte anónima. Nos convocó a los líderes afectados y nos dijo que iba a recoger medidas cautelares. Sin embargo, la actual procuradora no está cumpliendo su rol sino que se está prestando a los intereses de las empresas y grandes grupos de poder.  

Sí que hemos tenido el apoyo de los movimientos sociales y feministas. Y, cuando corríamos el riesgo de que nos condenaran, llegaron muchas cartas de solidaridad para la audiencia de la sentencia. Se elaboró una carta de apoyo que fue enviada al juez por diferentes organismos nacionales e internacionales y al final fui absuelta.

Ese fue un gran momento, sentamos precedente, se lanzó el mensaje de que no siempre la empresa o los poderes económicos van a ganar. Creemos que si los movimientos sociales nos unificamos vamos a lograr grandes luchas. El tema de la defensa del territorio debe ser una tarea de todas las personas: estamos defendiendo los bienes comunes, porque sin esos bienes la vida del ser humano desaparecerá. Estamos defendiendo la vida: el agua te da vida, el oxígeno te da vida, y si hay bosques, hay agua y hay oxígeno.

Una de las tareas más grandes es concienciar a la población de que la lucha ambiental es la lucha de todos y todas.

Foto: Sonia Sánchez junto a uno de sus compañeros

 

¿Cree que el hecho de ser mujer le sitúa en una posición más vulnerable como activista?

Sí, no es lo mismo ser un defensor que una defensora. La sociedad nos ha asignado a las mujeres el rol de cuidadoras. También nos ha asignado un espacio en el ámbito de lo privado pero, cuando te encuentras con injusticias y te haces defensora te estás saliendo de ese marco establecido: del ámbito privado y de tu rol de cuidadora.

Para la sociedad, cuando te vas a la calle te vas a tirar piedras, te vuelves prostituta, mujer sin quehacer, mala madre… porque eso es lo que nos han dicho a las mujeres que hemos estado en la calle defendiendo el territorio. Que nos vayamos a casa a lavar los platos, nos dicen. Todo eso no lo vive un hombre. El hombre defensor que se mete a esta lucha es un héroe, un valiente… a él se le reconoce, pero a las mujeres no.

Además, a las defensoras nos tocan nuestra sexualidad, nos dicen que somos lesbianas, que destruimos hogares, que tenemos varios maridos… te van etiquetando de mil maneras por el simple hecho de ser mujer. En cambio, nadie se mete con la sexualidad de los hombres, ni con su familia, ni con lo que más quieren.  

 

La vida que usted ha elegido al posicionarse como defensora del medio ambiente y de su tierra es muy dura y supone muchas renuncias. ¿Cuál es su motivación para seguir adelante?

Hay que tener identidad cultural. Lo que a mí me motiva es que conozco mi municipio, mi entorno, lo que tiene mi territorio y para qué me sirve cada uno de los bienes comunes que tiene. Es un territorio fuente de vida y, además, me motiva esa lucha histórica que las mujeres han venido desarrollando alrededor del mundo. Es la lucha de esas mujeres que han enfermado, que han sido guillotinadas o encarceladas por perseguir sus derechos… yo no quiero que esa lucha sea en vano.

Cada derecho que tenemos es una lucha conquistada, porque a las mujeres no nos han regalado nada, en el tema de derechos humanos nos lo hemos ganado todo a pulso. Me inspiro en esas mujeres que lucharon por nosotras y que nos han permitido estar donde estamos. Y, por eso, donde haya violencia o injusticia allí estará Sonia Sánchez, no pienso dejar de luchar.

La campaña DesTieRRRadas quiere visibilizar el protagonismo de las mujeres en la defensa de los bienes naturales, su lucha queda invisibilizada por la discriminación de género, generando una violencia específica que requiere también una protección específica. Forma parte de otra campaña más general, TieRRRA, que aboga por las inversiones responsables por parte de las empresas transnacionales cuando trabajan en territorios con poblaciones que pueden ver afectados sus derechos.

 

Fotos: Rosa M. Tristán

 

Victoria González

Victoria González

Bióloga de bota. Tengo los pies en la tierra y la cabeza llena de pájaros. De mayor quiero ser periodista.

Continúa leyendo