¿Están amparados por la ley los animales?

Tienen derechos, pero eso no significa que disfruten de ellos. España, a la espera de una legislación homogeneizada, sigue a la cola de Europa en su respeto.

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En 1977, se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Animales, pero, como toda declaración, se trata de un documento no vinculante, lo que significa que ningún país está obligado a acatarla. El artículo primero destaca que "todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia". El texto también reconoce el derecho al respeto, a los cuidados del hombre o a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo. En el caso de la fauna salvaje, el documento indica que esta tiene derecho a vivir libre en su ambiente natural.

 

"A nivel teórico, la corriente que reclama derechos para los animales focaliza aquellos en tres puntos esenciales: la vida, la libertad y el no sufrimiento. Sus impulsores defienden así que los animales son capaces de sufrir, que tienen interés en vivir y en hacerlo en libertad", explica Silvia Barquero, presidenta del partido animalista PACMA.

 

Durante las últimas décadas se han desarrollado diferentes iniciativas legislativas, a nivel comunitario, estatal o autonómico que avanzan en esta senda. En España, las comunidades autónomas han aprobado normas que varían mucho de unas a otras, sin que exista una ley estatal que sirva de hoja de ruta. "No hay una ley nacional y es lo que se está planteando, una ley marco y, dentro de ella, que cada comunidad se vaya adaptando", señala Soliva.

 

En 2014, el Partido Popular anunció una nueva ley de tenencia y comercio de seres vivos, pero no llegó a prosperar, y varios partidos han llevado en sus programas electorales de las últimas elecciones generales la creación de esta ley de protección animal que homogeneizaría esa disparidad normativa.

 

En el caso de los malos tratos, las sanciones varían de una comunidad a otra: "Desde los ridículos seis euros por una infracción leve en Castilla-La Mancha a los 150.253 euros de sanción máxima por una infracción muy grave en Aragón", compara Barquero. Cataluña es una de las más avanzadas en cuanto al respeto a los animales. La abolición de las corridas de toros en 2010, aprobada por el Parlamento catalán tras una iniciativa legislativa popular, la convirtió en la segunda comunidad española en prohibir este espectáculo no exento de polémica; Canarias ya lo hizo en 1991.

 

Uno de los principales avances del Código Civil catalán es el artículo 511, donde menciona explícitamente que los animales no son meros objetos animados: "Los animales, que no se consideran cosas, están bajo la protección especial de las leyes. Solo se les aplican las reglas de los bienes en lo que permite su naturaleza".

 

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