El 94% de la deforestación del Amazonas es ilegal, según un informe

Un informe señala que la mayor parte de la deforestación del Amazonas sería ilegal, como consecuencia de la incapacidad de las autoridades a la hora de documentar y certificar el uso realmente legal de las tierras.

La deforestación del Amazonas es ilegal
Foto: Istock

Hoy en día, millones de indígenas de la cuenca del Amazonas están librando una batalla contra el tiempo con la finalidad de salvar la inmensa selva tropical y evitar un “apocalipsis” global, especialmente después de que se conociera que el 17% de la selva ya ha sido destruida por la explotación de petróleo y minerales, la contaminación y la propia deforestación en sí para la agricultura y la ganadería.

Y es que, de acuerdo a los expertos, habría dos escenarios posibles si la Amazonía desaparece. Por un lado, el “apocalipsis”, sin vuelta atrás. La gente podría quedarse sin oxígeno, el planeta se calentará en solo cincuenta años, dos o incluso tres grados más. Y la vida en este planeta simplemente no sería posible.

Como conocíamos a mediados de octubre del pasado año, la deforestación de la Amazonía alcanzó el 17% (de la superficie total). Y los expertos lo tienen claro: si llega al 20%, sería muy difícil y complicado volver atrás. La misma falta de agua, la desertificación, y los incendios acabarían arrasando la Amazonía, por lo que, en realidad, estaríamos en un punto de inflexión.

No debemos olvidarnos que el Amazonas es una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, y cuenta con la mayor biodiversidad del mundo, lo que ayuda a garantizar un clima equilibrado. Cada uno de los árboles que allí encontramos genera aire limpio, y recoge los desechos que vienen de otros países, y la propia contaminación.

Mientras que, hace unos meses, académicos y expertos de organizaciones ambientalistas, incluyendo la rama brasileña del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), publicaron un informe en el que señalaban que el 74% de la deforestación en la Amazonía, y en la región de Matopica (que abarca partes de los estados de Tocantins, Maranhao, Piauía y Bahía, es ilegal.

Deforestación de la Amazonía ilegal
Foto: Istock

Una situación que estaría causada por la incapacidad, por parte de las diferentes autoridades, de documentar, por ejemplo, el uso legal de la misma tierra por parte de diferentes actividades, como la agricultura o la ganadería. O en el caso de los madereros.

El texto subraya que “la diferenciación entre deforestación legal e ilegal es un factor clave para garantizar que la producción agrícola y forestal no sea estigmatizada por delitos ambientales”.

Una deforestación que continúa en aumento

Como hemos comentado ya en alguna que otra ocasión, desde el comienzo de la presidencia de Jair Bolsonaro en 2019, hace algún tiempo se alcanzó un pico de deforestación: entre agosto de 2019 y agosto de 2020, la deforestación en el Amazonas había aumentado un 9,5%, destruyendo un área mayor que el equivalente a Jamaica, de acuerdo a datos oficiales.

Es cierto que Bolsonaro se encuentra bajo una fuerte presión a nivel mundial para restaurar la imagen de su gobierno en temas relacionados con el medio ambiente. Y la industria alimentaria brasileña, que se ha convertido en uno de los mayores exportadores tanto de carne como de soja, está preocupada por las consecuencias que podría traer esta presión.

En este sentido, hace poco sabíamos que algunas grandes distribuidoras de Europa habían retirado de los supermercados diferentes productos cárnicos sospechosos de provenir de áreas deforestadas. 

A finales de diciembre, supimos que la Comisión Europea quiere prohibir las importaciones de productos de la deforestación. Según las estadísticas, el continente sería responsable del 16 por ciento de la deforestación vinculada al comercio global en el mundo, principalmente a partir de la importación de materias primas como madera, carne de vacuno o café.

Aunque Bolsonaro prometió eliminar la deforestación ilegal para el año 2030, los redactores del mencionado informe lo consideran poco realista, especialmente después de que la Cámara de Diputados del país aprobara un proyecto de ley que flexibiliza los requisitos ambientales para proyectos agrícolas y energéticos. Y en un momento en el que, durante la actual pandemia de coronavirus, la deforestación ha crecido peligrosamente.

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