Traficantes de especies

El pasado 1 de julio, el Seprona -Servicio de Protección de la Naturaleza- requisó en Madrid el mayor alijo de marfil elaborado del mundo, 2.880 kilos que podrían provenir de más de 400 elefantes africanos, una especie en peligro de extinción. Su precio superaba los 420.000 euros. El comercio ilegal de especies es uno de los negocios más rentables del mundo, detrás del tráfico de drogas y de armas, con más de 160.000 millones de euros de beneficio. Cada año se comercia con 50.000 primates, 1,1 millones de aves vivas, 4 millones de reptiles vivos, 350 millones de peces tropicales, 9 millones de orquídeas, y 2 toneladas de coral. Por ello, unas 700 especies están a punto de extinguirse. Es la realidad de una actividad ilegal, poco arriesgada y no tan perseguida como el narcotráfico o el comercio de armas, y también con mucha menos publicidad que sus oscuros colegas.

200.000 dólares por un halcón amaestrado

FASE 1: Esencial: la autopsia a los restos del animal
La primera misión del National Fish and Wildlife Forensics Laboratory, que es su nombre real, es identificar la especie, sus partes o los productos que se han sacado de ella. Luego, se determina la causa de la muerte con el fin de conocer si hubo o no violación de la ley. Para ello, el laboratorio trabaja con expertos que analizan cada prueba que luego puede servir para un posible juicio. La imagen de arriba, a la izquierda, muestra al ornitólogo Pepper Trail que está identificando las muestras de un águila y comparándolas con otras de las que posee el centro. También se identifican los souvenirs que los turistas compran, y cuya venta está prohibida por el CITES. A la izquierda, un penacho de plumas, y a su derecha, un collar de uñas de oso. En ocasiones se intenta pasar una talla de marfil aduciendo que es de mamut en vez de elefante. Para un experto es fácil ver la diferencia. En ambos colmillos hay estrías; si se cruzan en un ángulo muy abierto se trata de un mamut; si es en ángulo recto es un elefante.Según WWF/Adena, este tráfico se cobija bajo los otros dos, de manera que hasta el 40 por 100 de los cargamentos de droga en Brasil se utilizan para comerciar con animales o plantas. Además, de las 400 bandas identificadas con este delito, el 40 por 100 está involucrada en otros asuntos turbios.

El principal centro de operaciones es Sudamérica, de donde proviene el 47 por 100 de los animales capturados en el mundo, que junto con África y el sureste asiático son los proveedores. Del otro lado están Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, los países de destino. Por España pasa el 30 por 100 del tráfico mundial, más de 900 millones de euros, y eso que sólo se detecta la mitad de los cargamentos.

Los clientes del contrabando son principalmente millonarios excéntricos que desean aumentar sus colecciones; personas que desean poseer mascotas exóticas; laboratorios farmacéuticos que pagan una fortuna por ellos; empresas de moda, parques de ocio y circos.

Sin ir más lejos, un tigre macho adulto vendido por piezas puede costar hasta 70.000 euros, y un halcón amaestrado, 200.000 dólares. Y es que el comercio de especies protegidas está muy cotizado en el mercado negro. Sus precios ponen los pelos de punta: en 1991 se vendió en Japón un pene de tigre por 2.500 euros y los cuernos de un saiga, un antílope del que quedan menos de 50.000 ejemplares y del que hace 10 años había un millón, se pagaron en 1995 en Honk Kong a 5.000 euros el kilo. La mayoría de los productos se utiliza en la medicina tradicional asiática, como la vesícula biliar de oso que se pagó en 1995 a 500.000 euros el kilo.

El método para capturarlos es efectivo. Unas redes de traficantes bien organizadas se encargan de que lleguen a buen puerto los ejemplares que se han cazado en su medio natural. El transporte se realiza de forma rápida, aunque sin respeto para la vida de los animales. A los pájaros les agujerean los ojos para que no vean la luz que les incita a cantar, y a los monos les anestesian con ron para que no chillen.

La impunidad favorece el aumento del número de mafias, porque en casi todos los países el comercio ilegal de especies está calificado como delito ambiental y no se vincula a la violencia criminal. Esta impunidad se refleja también en que no fluye la información entre las autoridades. Por ejemplo, entre 1997 y 2002 se detuvo tres veces al alemán Marc Baungarten con cargamentos de unas raras arañas. Siempre quedó en libertad. Evidentemente, Baungarten surtía a los laboratorios interesados en venenos de la araña, materia prima para productos farmacéuticos.

Un laboratorio se ocupa de buscar todas las pruebas

FASE 2: Encontrar la pista del culpable

En un control rutinario, unos agentes descubrieron en una maleta una curiosa guitarra cuya caja de resonancia era el caparazón de una tortuga. Ésta pertenecía a una especie protegida. El experto en huellas Andrew Reinholzen le siguió la pista, y un polvo fluorescente dejó al descubierto las huellas digitales del sospechoso. Luego, no hubo más que fotografiarlas y compararlas con las del sospechoso, el dueño de la maleta que, efectivamente fabricó la guitarra. Otro método para identificar al culpable es por una simple radiografía, que sirve, por ejemplo, para conocer de qué forma ha muerto el animal, envenenado o por un disparo. En este caso, llega al departamento de balística, donde se determina qué tipo de arma se ha usado y luego compararla gracias a las estrías típicas de cada cañón, con las que utilizan los furtivos.A mediados de los años 70 se empezó a tomar conciencia de que estas actividades ilegales influían negativamente en la supervivencia de las especies. Por ello, en 1975 se creó el CITES -Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres-, con el fin de prohibir el comercio internacional de especies amenazadas y regular el de otras que algún día puedan estarlo. El tratado afecta a más de 3.000 especies y cada uno de los 163 países firmantes del acuerdo debe poner los medios para que la transacción se realice dentro de la legalidad. "Cada país miembro tiene la obligación de que haya una autoridad científica y otra administrativa para que se cumpla el tratado", afirma Carlos Vallecillo, de WWF/Adena.

Sin embargo, lo que ahora es una auténtica novedad es un centro único en el mundo que se dedica exclusivamente a buscar las pruebas necesarias para luchar contra este crimen organizado. Se trata del National Fish and Wildlife Forensic Laboratory, ubicado en Ashland, Oregón, EE UU, cuyo propósito es identificar restos de animales con el fin de determinar las causas de la muerte y obtener evidencias forenses para las agencias de Estados Unidos y del resto del mundo.

El laboratorio comenzó cuando en 1975 Terry Grosz, un agente especial del Servicio de Protección a la Naturaleza, se dio cuenta de que no había manera de conseguir pruebas: no existía un laboratorio criminal, el del FBI no trabajaba con animales y en los museos naturales raramente colaboran expertos forenses. Gracias a su insistencia, el Servicio de Naturaleza contrató cuatro años después a Ken Goddard, que ocupaba el cargo de director en un laboratorio criminalista, con el fin de elaborar un programa forense para la vida salvaje.

El trabajo es igual que para los casos con personas

Finalmente, en 1987, el laboratorio fue una realidad. Allí, el trabajo forense es idéntico al que se realiza con seres humanos, pero además en este laboratorio deben saber discernir entre los sucesos cuya responsable es la madre naturaleza y los que se deben a la violación de la ley por el ser humano. Una vez establecida la transgresión de las leyes comienza la investigación y se intenta localizar pruebas en la escena del crimen. Estas exhaustivas tareas son desarrolladas por un conjunto de expertos que trabajan en diferentes secciones del laboratorio. Así, la de morfología es la encargada de analizar restos de animales para su identificación. Para ello, el laboratorio cuenta con una biblioteca o museo que contiene muestras de reptiles, anfibios, pájaros o mamíferos.

Después, el laboratorio criminal determina las causas del fallecimiento, mediante el análisis de balas, gases, pesticidas o la comparación de fibras sintéticas. Por otro lado, el departamento de genética realiza análisis de DNA para identificar el ejemplar y, por último, el patológico evalúa las pruebas con las que los agentes pueden confirmar que se ha producido la muerte de un animal protegido.

Así, este CSI para animales se ha convertido en el principal enemigo de la caza furtiva y los delitos ecológicos contra la fauna.

Eulalia Sacristán