Retoques a la Constitución

La pretensión de quienes se oponen al nuevo Estatuto catalán para que se tramite como una reforma constitucional puede resultar comprensible desde el punto de vista político, pero no desde el jurídico. En el primer caso, supondría que de aprobarse por los dos tercios de cada cámara se produciría la disolución de las Cortes, la celebración de nuevas elecciones y un referéndum. Su voto, por tanto, resulta decisivo. En el segundo, con la mayoría absoluta de la cámara es suficiente para que la tramitación siga adelante, y en este caso, su postura, aunque influyente desde la política, resulta intrascedente para el procedimiento.Si hay alguna norma jurídica en un Estado que deba estar por encima de eventualidades electorales, de cambios de gobierno o de circunstancias y posicionamientos particulares es, o debe ser, su Constitución. ¿Por qué? Pues porque aspira a ser la norma fundamental del Estado, ejerciendo no sólo de influjo inspirador del resto de las leyes, sino de límite del ejercicio de los poderes públicos, cuyos cargos deben guardar y hacer guardar la Constitución.

La historia de España, y en particular la del siglo XIX, es testigo de vaivenes políticos cuya plasmación llevaba casi indefectiblemente a la sustitución de una Constitución por otra. Los diputados constituyentes de 1978 se sabían bien esa lección: debían proponer al pueblo español una norma con vocación de duración y estabilidad. Pero también esa norma debía ser lo suficientemente flexible y dinámica para dar cabida al mayor número de sensibilidades políticas, territoriales y sociales; y para que el transcurso del tiempo no la dejase obsoleta. La Constitución española prevé sus mecanismos de reforma que, en principio, podríamos considerar como impecables desde el punto de vista procedimental, aunque el temor a que se pudieran emprender reformas constitucionales con alegría hace que, en la práctica, reformar la Carta Magna sea poco menos que imposible si no patrocinan el proceso los dos principales partidos políticos de ámbito estatal (PSOE y PP) que acaparan cerca del 80% del voto popular y el 90% del parlamentario. Pasos para la reforma
Para modificar la Constitución hace falta que la reforma, tras pasar por los dictámenes de organismos consultivos y de comisiones parlamentarias, sea aprobada con una mayoría cualificada de dos tercios de cada Cámara, se produzca la disolución de las Cortes y una convocatoria electoral. El parlamento resultante deberá nuevamente aprobar la reforma con una mayoría de dos tercios y finalmente deberá ser sometida a referéndum vinculante de ámbito estatal. En la práctica, hace falta que los dos grandes partidos nacionales estén de acuerdo. La reforma de los Estatutos de Autonomía, sin embargo, exige la aprobación en la Comunidad, el voto de la mayoría absoluta del Congreso y la ratificación por referéndum en los territorios en los que se aprobó inicialmente. Aun así, por la necesaria adecuación de los Estatutos a la Carta Magna, el Tribunal Constitucional podrá decir la última palabra.

Viene esto a cuento del culebrón de moda: ¿es el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña una reforma encubierta de la Constitución? La respuesta, desde el punto de vista jurídico, sólo puede ser negativa. Y no porque el proyecto emanado del Parlamento catalán no parezca inconstitucional en algunos de sus aspectos fundamentales, sino porque en un estado de derecho los procedimientos para aprobar las leyes son casi tan importantes como las materias que regulan. El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite la discusión de la reforma que ha remitido Cataluña. Con el Plan Ibarreche, sin embargo, no ocurrió lo mismo. ¿Había aspectos inconstitucionales en ambos proyectos? Sí, pero el procedimiento marca que el camino es el que es. Ya el Tribunal Constitucional señaló, quitando la razón al anterior Gobierno, que sólo puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas jurídicas cuando éstas han sido aprobadas por la asamblea parlamentaria competente y no cuando están en fase de proyecto o de debate. Por eso el Tribunal Constitucional no tuvo que decidir sobre si la reforma del Estatuto Vasco era conforme con la Carta Magna o no. El Congreso lo rechazó y eso significó que nunca llegó a tener trascendencia jurídica. Lo que ocurra con la reforma del Estatuto catalán es otro cantar: podrá aprobarse con o sin modificaciones respecto al proyecto inicial salido de la Cámara catalana, y ello tras un proceso en el que participan las comisiones constitucionales y los plenos de las Cortes Generales, para culminar en un referéndum en el territorio de eficacia de la norma. Pero sólo en ese supuesto, si quienes están legitimados para ello interponen un recurso de inconstitucionalidad, el Alto Tribunal tendrá la ocasión de pronunciarse. Y su dictamen será decisivo.

La pretensión de quienes se oponen al nuevo Estatuto catalán para que se tramite como una reforma constitucional puede resultar comprensible desde el punto de vista político, pero no desde el jurídico. En el primer caso, supondría que de aprobarse por los dos tercios de cada cámara se produciría la disolución de las Cortes, la celebración de nuevas elecciones y un referéndum. Su voto, por tanto, resulta decisivo. En el segundo, con la mayoría absoluta de la cámara es suficiente para que la tramitación siga adelante, y en este caso, su postura, aunque influyente desde la política, resulta intrascedente para el procedimiento.

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