"Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid..."


O de cómo algunas leyes pueden despistar regulando varios asuntos.


Cuando en una conversación alguien utiliza la expresión que este mes nos sirve de título, quiere hacer referencia a un cambio de tema que tiene poco, o nada, que ver con el asunto del que se está hablando. También cuando el legislador quiere, aprovecha una ley que estaba concebida para un asunto concreto, para regular otros aspectos nada o muy poco relacionados con el principal.

Un ejemplo reciente: la Ley de Garantías en la Venta de Bienes al Consumo, promulgada en julio y en vigor desde septiembre, se hizo para incorporar al Derecho español las directivas de la Unión Europea sobre aspectos relacionados con la venta y garantía de los bienes que adquieren los consumidores.

Hasta aquí todo perfecto, pues la ley transpone a nuestro Derecho las normas comunitarias, de forma que se fijan principios de protección a los consumidores y usuarios, se regula la garantía comercial, la responsabilidad de los vendedores, los plazos para reclamar la reparación o sustitución de los bienes que se compran y el derecho a la rebaja de precio o a la rescisión del contrato. Sin embargo, el Parlamento se acuerda del Pisuerga y aprovecha para modificar en el mismo texto, mediante añadidos en forma de disposiciones finales, dos leyes distintas que, para más inri, llevaban muy poco tiempo en vigor.

La primera, una ley de 2002 que regula el contrato de aparcamiento de vehículos en lugares públicos, se modifica para exigir que la empresa de parking entregue un resguardo del aparcamiento del coche en el que debe constar la hora de entrada, la identificación del vehículo y si se entregan o no las llaves, dejando además al Gobierno la facultad de desarrollar el tema mediante un decreto posterior.

La segunda, y quizá más importante novedad, se produce cuando reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil, que no llevaba en vigor ni dos años, para modificar 9 artículos relacionados con los juicios de desahucio de viviendas, y entre cuyos cambios destacan algunos que denotan la propia impotencia de la Ley para conseguir los efectos que persigue. Con este parche legal, se prevé que el dueño de un piso alquilado a quien el inquilino no paga las rentas pueda perdonárselas al moroso en la propia demanda de desahucio si éste se compromete a dejar la casa en un mes. Es decir, se asume que, con un funcionamiento normal de la Administración de Justicia, el interés del propietario en reivindicar sus derechos y su posesión se conseguirá más fácilmente si renuncia a cobrar lo que se le debe, lo que demuestra que la ley no tiene excesiva confianza en sus propios recursos. En la misma reforma se reduce de 4 a 2 meses el periodo de preaviso, en forma de requerimiento de pago. Se pretende así que el propietario pueda conseguir el desahucio y evitar que éste quede sin efecto si el inquilino paga las rentas el mismo día del juicio en el Juzgado (lo que se llama "enervar el desahucio").

La forma en la que se "venden" estos cambios legislativos, introducidos casi a hurtadillas en leyes que regulan otras cosas, no aparecen suficientemente explicados. De hecho, ni se mencionan en la exposición de motivos. Además, no aclaran al público en general que para demandar a un inquilino moroso no es preciso esperar más que un día desde que el ocupante se retrasa en el pago, que debe hacerse en los primeros siete de cada mes.

¿Qué significan estos "intrusismos" en una Ley, como la comentada, pensada para regular garantías comerciales? En primer lugar, un gasto para los usuarios de códigos, que requieren de permanentes actualizaciones de sus obsoletos instrumentos de consulta y trabajo. En segundo término, una dispersión normativa absolutamente perjudicial para un estudio sistemático de las cosas. Y, quizá sea lo peor, son síntoma de que existe una tendencia a legislar sobre la marcha, de forma que resulta difícil gozar de una estabilidad legislativa mínima, imprescindible para disfrutar del principio de seguridad jurídica.


UN CASO "DE LIBRO"Un ejemplo prototípico de ley "contenedor" es la llamada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, recién aprobada en estas fechas. Ésta, aparte de contener las cuentas y las previsiones de ingresos y gastos públicos, incluye una batería legislativa que puede abarcar desde la supresión de impuestos hasta la modificación de otros y, sobre todo, decisiones políticas con rango de Ley que pasan como "de tapadillo". Así, se declaran de urgente ocupación las obras hidráulicas incluidas en el Plan Hidrológico Nacional (ejecución, en la práctica, de los primeros pasos del trasvase del Ebro), o se incluyen entre las asociaciones de utilidad pública las de promoción y protección de la familia. Ya con una mayor relación con el tema económico, por ejemplo, se aprueban los beneficios fiscales para los Juegos del Mediterráneo Almería 2005.