Mi palabra contra la tuya

Mi palabra contra la tuyaSin duda, es un principio básico de todo derecho penal que se precie que se garantice al acusado que no va a ser condenado sin pruebas que demuestren su culpabilidad más allá de una duda razonable, lo que no es sino una forma de expresar el derecho a la presunción de inocencia, y que esas pruebas se hayan obtenido de forma lícita y se hayan debatido en un juicio contradictorio.

Pero, quizás influenciada por este principio garantista, la creencia popular ha dado rango de principio jurídico a la frase que titula este artículo, que en síntesis se resume en que en ausencia de testigos, determinados delitos o infracciones quedarán impunes al no poder concederse mayor valor a la palabra del acusador que a la del acusado. Normalmente una sentencia condenatoria no se basa sólo en una única prueba, pero en ocasiones, por la naturaleza de los delitos enjuiciados, la verdad de lo ocurrido queda en la intimidad de los partícipes sin dejar más rastro.

Ante esta evidencia, los sistemas jurídicos y la jurisprudencia de los tribunales han tenido que establecer una forma de excepciones a esta regla general, y así, en materia administrativa, por ejemplo, se concede la presunción de certeza a las manifestaciones de los agentes de tráfico o a las actas que levantan los inspectores de trabajo. Lo que diga el guardia será prueba de cargo suficiente para sancionar, a no ser que el denunciado demuestre que el agente falsea la verdad o se equivoca; los hechos que constate el inspector de trabajo serán igualmente considerados probados, a menos que se acredite que la verdad es otra. Son lo que se llama presunciones iuris tantum, que la Ley ha querido crear ex profeso para estas situaciones.

Sin embargo, en estricta materia penal, existen algunos delitos en los que el juez puede optar por atender una versión u otra: las amenazas entre dos personas, o en las injurias sin testigos, por ejemplo, ¿a quién debe hacerse caso si no existen testigos, ni grabaciones de los hechos? ¿Y en las denuncias relativas a delitos contra la libertad sexual, en los que el factor determinante para que una conducta sea delictiva o impune radica en la prestación del consentimiento, cómo y por qué dar credibilidad a una denuncia por violación, por ejemplo, o por el contrario negarle verosimilitud y absolver al denunciado?

En los Estados Unidos se sigue estas semanas con verdadera pasión el proceso contra el jugador de Los Angeles Lakers de la NBA Kobe Bryant, acusado de violación por una camarera de un hotel en el que se alojaba en el condado de Eagle (Colorado). Bryant reconoce que hubo relaciones sexuales, pero que fueron consentidas. Ella acusa de que al principio pudo existir un flirteo inocente, pero que después dijo claramente "no" a sus pretensiones. A falta de un vuelco de las estrategias del fiscal y la defensa durante el juicio, el jurado deberá hacer un ejercicio de fe y creer una versión u otra.

Como una de las líneas de la defensa es disparar a la línea de flotación de la credibilidad de la acusadora -a quien achacan afán de protagonismo y, ¿por qué no?, de buscar provecho económico de un atleta famoso y multimillonario-, algunos sí que se han dado prisa y han lanzado al mercado la solución preventiva ante posibles denuncias falsas. La revista Sports Illustrated da cuenta del invento patentado de unos preservativos que al precio de 8 dólares el par incorporan una declaración jurada en la cual se manifiesta que las relaciones que se tienen son libres, consentidas y que se renuncia a reclamar nada por ningún concepto al usuario del condón. Ava Cadell y Nelson Banes, padres del "contrato previo a las relaciones sexuales", dicen ya tener entre su clientela a otros deportistas famosos.