Al enemigo, ni agua

Al enemigo, ni aguaLos estados democráticos reprimen con dureza a quienes desprecian sus valores.

En palabras del catedrático Elías Díaz, no todo estado con derecho es un estado de derecho. Conviene pues definir los márgenes entre los que ubicar esta definición para que, cuando nos referimos al "Estado de Derecho", no confundamos conceptos. Todos los estados se dotan de un ordenamiento jurídico, pero eso no significa que por el mero hecho de sistematizar en códigos sus leyes merezcan tal calificativo.

Los teóricos del Derecho están constantemente reflexionando sobre la naturaleza de las normas y las leyes, y desde las corrientes filosófico-jurídicas más importantes se ha planteado un interesante debate acerca del denominado Derecho Penal del Enemigo. El catedrático de la Universidad de Zaragoza, Luis Gracia, acaba de hacer públicas sus conclusiones sobre el particular, que para algunos resultan desalentadoras. El profesor Gracia sostiene que, con objeto de defender la libertad, la propiedad y la vida de las personas que podríamos llamar "decentes", e incluso el propio sistema democrático de libertades, están cobrando fuerza en los estados que tradicionalmente respetan los derechos fundamentales ciertas tendencias y posiciones que limitan drásticamente -cuando no retiran sin más- esos mismos derechos a quienes se considera "enemigos del sistema" o a quienes muestran un completo desprecio por esos valores, como terroristas o narcotraficantes.

Algunos ejemplos son ilustrativos. Así, la mayoría de los estados democráticos se ha dotado de leyes antiterroristas cuya dureza contrasta con la legislación ordinaria. No hay que confundir, sin embargo, estas leyes con las que podrían existir en la actualidad en estados no democráticos o con las que sustentaron en su momento regímenes lisa y llanamente criminales, como fue el caso de la Alemania nazi o la Camboya de Pol Pot. ¿Qué características suele tener este Derecho Penal del Enemigo? Para empezar, aspira a actuar de forma preventiva al castigar ciertos tipos de participación delictiva que en otros campos penales quedarían impunes o serían levemente castigados, como por ejemplo la simple pertenencia o simpatía hacia una determinada organización terrorista. Además, limita drásticamente las garantías procesales de los imputados, con plazos muchos más largos para ser puestos a disposición judicial, elimina algunos derechos tradicionales, como el secreto de las comunicaciones, y castiga de forma desproporcionada la comisión de los actos criminales considerados especialmente terribles y que se cometen bajo la firma de esas organizaciones delictivas.

Hay, sin embargo, episodios o escenarios cuya frontera es muy difusa y que reflejan lo que desde ciertos sectores afines a una concepción progresista del derecho se denomina "mala conciencia" y desde otros más proclives al autoritarismo "complejo de inferioridad de las democracias frente a los regímenes perversos". El caso de Guantánamo es paradigmático, no sólo desde el punto de vista del derecho interno estadounidense, sino por sus ramificaciones en derecho internacional, al verse afectados los países europeos a través de cuyo espacio aéreo volaron las naves que trasladaban -¿ilegalmente?- a los combatientes talibanes desde Afganistán. De hecho, todos los países europeos afectados reconocían la ilegalidad de tal actuación, pero en la investigación del Consejo de Europa no se pudo demostrar, por falta de colaboración y de voluntad política en la aportación de pruebas, la participación y el conocimiento necesarios de los estados en tales traslados.

Aun así, merece la pena destacar un hecho. Y es que el derecho contra el enemigo que emana de un estado de derecho legítimo es, por sí mismo, una regulación jurídica de las normas de combate frente a esos indeseables enemigos. No pretende ser caprichoso, sino que aspira a prevenir la supervivencia de la misma sociedad democrática, y por ello debe promulgarse siguiendo procedimientos también democráticos, frente al capricho criminal del dictador de turno que conjuga en su persona la frase "mi voluntad es la ley".

Será una paradoja, pero es ésta la demostración de que las personas renunciamos a determinados ámbitos de nuestra libertad precisamente para proteger la Libertad, con mayúsculas. De lo que se trata es de que nuestros gobernantes sepan que ese sacrificio tiene sólo por objeto la salvaguarda de nuestro sistema. Eso, y nada más que eso.