Cómo fue la expulsión de los moriscos ordenada por Felipe III

Por supuesto, los diferentes bandos publicados aportaron muchos argumentos oficiales: la ineficacia de las políticas de integración; la perseverancia de los moriscos en el mantenimiento de sus antiguas creencias y costumbres musulmanas; su colaboración con los enemigos turcos y berberiscos de la Monarquía –que hacía de ellos unos peligrosos ‘quintacolumnistas’–; el riesgo inminente de rebelión si no se tomaban medidas drásticas, etc. Pero la auténtica realidad es que los moriscos que sufrieron el destierro no habían dado muestras especiales de resistencia cultural o religiosa que pudieran suscitar la idea de que era inútil seguir con las políticas de asimilación, ni aquella generación era más peligrosa que las anteriores, por lo que los historiadores siempre han buscado los verdaderos motivos de la expulsión fuera de los bandos.

Nos movemos en el terreno de la hipótesis, y seguramente nunca sabremos con exactitud qué razones llevaron a Felipe III a tomar la decisión. Se suele argumentar que la falta de resultados en la política exterior –y en concreto las críticas que, con toda probabilidad, iba a desatar la tregua con los rebeldes holandeses en abril de 1609–, unida a los escándalos que jalonaban la reciente política interna del duque de Lerma, pudo estar en el origen de la medida. Esta idea tiene sentido si se comprueba cómo la Corona se esforzó por presentar la expulsión como una gran victoria contra el infiel, y a Felipe III como el monarca que verdaderamente había culminado la “Reconquista”, al atreverse a dar un paso decisivo que ni los Reyes Católicos, ni Carlos V ni su propio padre, Felipe II, habían tenido el coraje de dar, por los enormes daños que conllevaba.

Las posibilidades de vincular esta decisión con las esencias ideológicas de la Monarquía eran infinitas, y sin duda se explotaron en consecuencia, dando al rey la oportunidad no solo de presentarse como émulo, sino como superador de sus insignes antepasados. Pero aunque estos argumentos funcionen, la cuestión es en realidad un tema todavía abierto.

La fase valenciana

Lo que sí sabemos con toda certeza es que el 4 de abril de 1609 Felipe III ordenó que se procediese a expulsar a los moriscos, y que los primeros en salir fueran los del Reino de Valencia. Esta elección estaba motivada por diversas causas. La primera y principal era la certidumbre de que, dado el extenso reparto de las comunidades moriscas a lo largo y ancho de las coronas de Castilla y Aragón, acometer el destierro a un mismo tiempo en todas partes, y que tuviera éxito, era una tarea imposible. La salida debía ser gradual y el primer objetivo serían los valencianos, porque eran los más numerosos –entre 120.000 y 130.000, más de un tercio de la población total de aquel reino– y se les consideraba los peor asimilados, lo que los convertía a su vez en los más peligrosos.

Hay que tener en cuenta que un destierro por fases implicaba que, mientras los primeros moriscos salían, el resto observaría desde la distancia con inquietud y sobre todo con tiempo para reaccionar, y el miedo que se tenía a las formas que podía adoptar esa respuesta –esto es, la rebelión– era grande. Eliminar primero a los valencianos, acotando las posibles reacciones adversas a otras comunidades menos levantiscas, tenía sentido, pero aun así fue tanto el temor a cómo podrían responder aquellos moriscos y sus señores que se decidió llevar los preparativos en secreto –se enmascararon tras la mentira de que se organizaba un ataque contra Argel– y se proyectó el destierro como si de una guerra se tratase.

De este modo, a comienzos de septiembre de 1609 el Reino de Valencia padeció un súbito bloqueo naval y terrestre, muy parecido a una verdadera invasión. Las compañías de caballos de las Guardas de Castilla penetraron desde el interior y tomaron los principales caminos, acantonándose en poblaciones estratégicas cerca de núcleos importantes de población morisca. Al mismo tiempo, varias escuadras de galeras tomaron los puertos de Vinaroz y Denia, desembarcando a los tercios de Sicilia, Nápoles y Lombardía, mientras la Armada del Mar Océano hacía lo propio en Alicante. Cuando los tercios acabaron de desplegarse no solo por las principales rutas de la costa, sino también a lo largo de los enclaves montañosos que históricamente habían servido de fortalezas a los rebeldes moriscos, el virrey de Valencia publicó un edicto en el que, con contadas excepciones, daba un plazo de cuatro días para que recogiesen sus pertenencias y se dirigiesen a uno de aquellos tres puertos, en los que el rey les procuraría un embarque seguro y gratuito hasta Berbería.

El plan era que representantes del rey, acompañados de soldados, fueran publicando la orden de manera escalonada por los pueblos, con un criterio de proximidad a los puertos. Así los lugares más cercanos a la costa serían los primeros en vaciarse y servirían de cobijo a los grupos situados más al interior, que necesitaban más de una etapa para llegar. Pero esta idea fracasó casi desde el principio. Muchos moriscos, temiendo la rapacidad de los soldados sobre bienes, esposas e hijas, decidieron no esperar y se encaminaron sin orden hacia Alicante, Denia y Vinaroz. Al poco, los tres puertos ya estaban colapsados por un gentío desesperado que malvivía hacinado por calles y muelles. Además, el retraso en el despliegue militar había provocado que los transportes se iniciaran en octubre, esto es, al inicio del mayor periodo de inestabilidad climática que suele padecer la fachada mediterránea. En consecuencia las tormentas retrasaron los embarques, agudizando el problema en los puertos. Todo el proyecto empezaba a peligrar, más si cabe con las noticias de que unos 10.000 habían subido a la Sierra de Laguar –a espaldas de Denia– y otros 5.000 a la Muela de Cortes –en el interior, cerca de la frontera con Castilla– y pretendían resistir.

Pero los moriscos, sin saberlo, acabaron por proveer a la Corona de la solución. Hartos de esperar los embarques gratuitos mientras consumían sus escasos recursos y el riesgo de epidemia aumentaba, los representantes de muchos pueblos de moriscos propusieron al virrey la posibilidad de fletar ellos mismos naves mercantes, con la garantía de ser desembarcados más allá de los dominios de Felipe III. En esta decisión pesaba también el deseo de recuperar algo de control sobre su destino, y evitar la costa africana con la esperanza de establecerse en Francia o algún territorio italiano, lo que demuestra que ni mucho menos todos los moriscos valencianos estaban tan mal asimilados ni ardían en deseos de reunirse con sus congéneres musulmanes. Sea como fuere, la Corona vio en esto una oportunidad y aceptó los términos propuestos. De este modo los moriscos empezaron a pagar por su propio destierro, descongestionando el proceso y permitiendo a los tercios centrarse en el sofocamiento de las rebeliones.

De hecho, la resistencia de los moriscos en Laguar y la Muela de Cortes no duró mucho. Ni siquiera habían pasado dos meses desde su inicio cuando los tercios, imparables, tomaron al asalto las dos cumbres, matando a miles de moriscos y reduciendo a la esclavitud a muchos de los supervivientes, sobre todo mujeres y niños. A finales de noviembre, las rebeliones eran historia y los embarques casi habían terminado gracias a la iniciativa de los mismos moriscos.

Continúa la expulsión con nuevas estrategias

El 25 de diciembre se dio por concluida la fase valenciana de la expulsión, dándose paso a la siguiente de forma inmediata. Tan solo tres días después, el día 28, Felipe III publicó un nuevo bando en el que anunciaba que, en vista del miedo que el destierro valenciano había provocado entre los moriscos de Castilla, y queriendo en conciencia ayudarles a tomar la decisión que más les conviniese, les otorgaba un plazo de cuatro meses para que todos aquellos que quisieran se fueran libremente, acotando para ello una ruta fija y segura que, pasando por Burgos, les llevaría hasta la frontera francesa.

Este cambio radical de estrategia respecto a la primera fase muestra hasta qué punto Felipe III y sus ministros habían cogido confianza tras la experiencia valenciana. Bien canalizada, la expulsión podía realizarse de forma casi automática, reduciendo considerablemente los costes, al menos en el caso de las comunidades más aisladas y débiles. De hecho este bando estaba dirigido sobre todo a los moriscos que en 1571 Felipe II había sacado de Granada y repartido por toda Castilla, aunque otros grupos de asentamiento más antiguo en las mesetas también se beneficiaron de él. Hasta abril de 1610, entre 10.000 y 20.000 moriscos castellanos abandonaron sus casas al amparo de esta salvaguarda, mientras el rey podía concentrarse en la tercera fase, algo más compleja, que afectaba a grupos más grandes y peligrosos.

El 17 de enero de 1610 se publicó el bando que dio inicio a la expulsión de los moriscos granadinos asentados en Andalucía, Murcia y la villa extremeña de Hornachos. Esta fase se aplicó hasta finales de abril y afectó a entre 15.000 y 20.000 personas. Al contrario de lo que coetáneamente estaba sucediendo más al norte, en este caso el rey quiso tener más controlada la situación, por lo que no se concedieron tantas libertades. Una parte de los soldados y las galeras destinados a Valencia –algo menos de la mitad de los efectivos– transitaron hacia el sur con la idea de utilizar las embarcaciones para, de nuevo, proveer de embarques gratuitos hasta Berbería.

Después de lo visto en Valencia, se decidió que los soldados no fueran a recoger a los moriscos a sus poblaciones. En su lugar, cada pueblo podría elegir a un vecino cristiano viejo de confianza que les guiara, y con él escoger una de las rutas previamente trazadas por la Corona hasta los puertos de Cartagena, Motril, Salobreña, Málaga, Gibraltar, Sanlúcar o Sevilla. Del mismo modo y si lo deseaban, podrían fletar una nave por su cuenta, siempre que se dieran garantías de que su destino sería un puerto cristiano. Esto garantizó la tranquilidad del proceso, aunque por supuesto hubo mucha picaresca: los destinos prometidos no siempre fueron los reales, mientras que muchos patrones también estafaron a sus pasajeros, robándoles o abandonándoles a su suerte.

Pero estos eran al final problemas mínimos para una Corona que veía avanzar sin tregua la expulsión. De esta forma, en junio de 1610 se inició la cuarta fase, que debía acabar con la presencia morisca en Aragón y Cataluña. Los tercios y galeras que habían servido en Andalucía pusieron rumbo norte y desembarcaron en el puerto de Los Alfaques. Hasta allí debían encaminarse todos los moriscos catalanes y aquellos aragoneses que vivían aproximadamente en la mitad sur del reino. El resto de poblaciones situadas al norte de Zaragoza debían encaminarse hacia Canfranc o, si pertenecían a las comunidades de la franja más occidental, cruzar por Navarra hacia Francia. Esta etapa afectó a cerca de 60.000 moriscos aragoneses y unos 5.000 catalanes, terminando sin grandes alborotos ni problemas reseñables a comienzos de septiembre de 1610.

Los mudéjares antiguos

A estas alturas podía decirse que la expulsión de los moriscos había virtualmente terminado. Felipe III había conseguido expulsar en un solo año a unas 230.000 personas, todo un logro logístico si bien se mira, y que hace difícil pensar en una Monarquía en crisis o falta de capacidad, como muchas veces se ha representado este reinado. La gran victoria, el gran movimiento propagandístico se podía ya tocar con los dedos, pero faltaban unas decenas de miles de moriscos por expulsar en Castilla, pertenecientes sobre todo al colectivo conocido como “mudéjares antiguos”, esto es, moriscos convertidos antes del decreto de 1502 o muy bien asimilados en las poblaciones cristianas de Castilla desde la Edad Media.

Ellos, sin duda, fueron los más difíciles de expulsar. Los decretos se sucedieron a lo largo de finales de 1610 y todo 1611, con resultados escasos. Se resistían a salir, pero no subiéndose a las montañas, sino entablando pleitos en los tribunales. Los testimonios de buena cristiandad abundaban, y no eran pocos los que podían esgrimir antiguos privilegios que les equiparaban a los cristianos viejos. Muchos otros tenían tantas amistades entre las autoridades locales y las instituciones de su entorno que resultaba tremendamente difícil localizarlos. Estaban en definitiva bien integrados, conocían sus derechos y estaban dispuestos a pelear por ellos. La ambigua justificación jurídica de los bandos sin duda daba pie a ello, y así nos encontramos que, entre octubre de 1610 y finales de 1613, las comisiones de justicia para buscar y condenar al destierro a los moriscos castellanos que todavía quedaban se sucedieron con suerte desigual. Sin duda las salidas se seguían produciendo, pero en un goteo muy escaso y difícil de cuantificar, tal vez unos pocos miles de personas cada año. De este modo y tras intentar una última salida masiva de moriscos en Murcia a partir de enero de 1614, de resultado relativo, a comienzos de abril de 1614 el rey dio por finalizada la expulsión.

En realidad, muchos todavía permanecían en Castilla –cuantificarlos es imposible–, pero si habían suscitado dudas tan razonables en los tribunales, o habían contado con tantos apoyos entre los cristianos viejos, seguramente eran lo suficientemente buenos creyentes como para que su permanencia no entrañara riesgo. Sea como fuere, Felipe III había conseguido su gran triunfo aun a costa de hundir a territorios como Valencia o Aragón en una profunda crisis económica y demográfica de la que no se recuperarían en más de un siglo.