La vida cotidiana en el Madrid republicano

Por supuesto, la pobreza e incultura en la capital era elevada, igual que en toda España (en un censo de 1930 se habla de un analfabetismo del 24,8% en hombres y del 39,4% en mujeres), sobre todo entre la clase trabajadora. Por eso, la República puso en marcha miles de escuelas por todo el país, sin distinción de sexo, que luego fueron foco del odio franquista. En Madrid había que escolarizar a 45.783 niños de entre 3 y 14 años, casi el mismo número que el de niños escolarizados. En realidad, si tenemos en cuenta la no obligatoriedad de la escuela después de los 12 años, el número se reduciría a 10.572; en todo caso, un desastre social. La República se dio toda la prisa que pudo en crear escuelas y formar a profesores y profesoras.

También instauró el seguro de maternidad, pero los sindicatos obreros y sus ramas femeninas se negaron a pagarlo para no recortar aún más los bajísimos salarios. Las mujeres seguían dando a luz en sus casas, con matronas no demasiado cuidadosas, y no en el hospital con médicos titulados. También comenzó la lucha legal para prohibir la prostitución y sus consecuencias de esclavitud y salud pública. Casi todos los antimonárquicos situaban a la Iglesia como corresponsable del atraso secular del país y atacaron uno de sus bastiones: el matrimonio. Incluso decidieron, el 24 de enero de 1932, acabar con la Compañía de Jesús y nacionalizar sus bienes. Lo mismo se hizo con todas aquellas órdenes que obedecieran a una autoridad diferente al Estado, respetando, eso sí, los tres votos canónicos.

El laicismo se convirtió así en símbolo de progreso para media España y en el mayor atropello moral para la otra. El amor debía ser el único contrato matrimonial y la nueva Ley de divorcio quedó aprobada con celeridad. Recordemos que en Francia, por ejemplo, Alfred Naquet, que también defendía el laicismo estatal y el amor libre, tuvo que luchar por la Ley de divorcio en tres legislaturas diferentes hasta que consiguió que se admitiera en la cuarta (en 1884), aunque fuera definitivamente aprobada unos años después.

La separación de cuerpos en la cama que había promovido la Iglesia, para dejar sin valor carnal a las parejas rotas que debían soportar con paciencia la unión ante Dios hasta al final de los días, parecía un absurdo y los republicanos querían la plena libertad. Por contra, el entonces diputado católico donostiarra por el PNV, Jesús María Leizaola (que luego lucharía contra la política franquista como lehendakari en el exilio durante décadas), defendía a la Iglesia: “Las exigencias de la sociedad son exactamente las mismas que las exigencias de nuestra fe católica”. No todos eran buenos y no todos eran malos y, más allá de los enroques del poder eclesial, que pronto se apresuraría a colocar bajo palio al invicto Generalísimo, había muchos cristianos de base que creían también en la República. Difícil enmarcar las declaraciones del Episcopado en diciembre de 1931: “La Iglesia no cesará de reivindicar (...) la supresión del divorcio, segura de que labora eficazmente por la salud misma de la República, librándola de la depravación de las costumbres públicas, impidiendo la inmerecida humillación de la mujer, víctima y expósita segura de tales viciosas emancipaciones, enfrentando el culto a la carne a que conduce la práctica fácil y el deseo mórbido del divorcio (...)”.

Sin duda, dos posturas irreconciliables. Por si fuera poco, los sindicatos obreros, que cada año republicano aumentan su número de afiliados en decenas de miles, deciden casar a su manera en celebraciones por todo Madrid, en parques y ateneos. Viene el denominado “amor libre”, que no es que cada uno mantenga relaciones sexuales por doquier (como luego se mofaría Queipo de Llano en sus discursos que alentaban a la masiva violación de las “rojas”), sino todo lo contrario. El amor libre seguiría enmarcado en la monogamia más estricta, pero dictado ante la única jerarquía de los dos cónyuges. Libre, porque no necesitaba autoridad superior que lo legitimara (Iglesia o Estado), y libre porque el matrimonio, establecido de palabra y casi siempre ante testigos afines, se podía romper si uno de los dos ya no quería mantener el contrato.

Más información sobre el tema en el artículo A pie de calle de Rubén Buren. Aparece en el último MUY HISTORIA, dedicado a La II República Española. De la caída de Alfonso XIII a la Guerra Civil.

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