¿Cuándo y cómo se abolió la Inquisición en España?
La Ilustración creó la atmósfera necesaria para que diversos Estados que contaban con inquisiciones las fueran aboliendo durante ese siglo.
El primero en hacerlo fue Nápoles, en 1746, y el último –no debe extrañar– fue España. El ascenso de los ministros ilustrados en nuestro país había supuesto un ataque a los fundamentos de la Inquisición, que ellos querían postergar en favor de los intereses del Estado, la llamada teoría regalista. Aun así, el Tribunal se revolvió contra esta situación y lo hizo de una forma agresiva, procesando a varios ministros de renombre, como Macanaz, Olavide, Iriarte o Gaspar Melchor de Jovellanos. Este último redactó un informe a Carlos IV, en 1798, que pone de manifiesto la situación del Tribunal: decía en él que los clérigos que accedían a un empleo en la Inquisición “lo toman sólo para lograr el platillo y la exención de coro; ignoran las lenguas extrañas; sólo saben un poco de teología escolástica y de moral casuista”.
Lo que ponía de manifiesto así era la progresiva burocratización de la institución, que continuaba creciendo en personal pero que había bajado drásticamente en actividad: entre la primera mitad del siglo XVIII, con centenares de autos de fe todavía y 111 personas quemadas, y la segunda, con apenas cuatro personas condenadas a la hoguera, era evidente que el Santo Oficio se había convertido en casi una reliquia.
Sin embargo, Carlos IV rechazaría las pretensiones de Jovellanos, como habían hecho sus antecesores con propuestas similares. Sería necesaria la invasión francesa y la decidida voluntad de Napoleón, seguidor de las ideas racionalistas y anticlericales de la Revolución, para que se disolviese el Tribunal en España.
Las Cortes de Cádiz, depositarias de la soberanía nacional durante la guerra, coincidieron con el invasor en suprimirlo, lo cual hicieron en 1813 después de una votación cuyo resultado fue de noventa votos contra sesenta en favor de acabar con él por incompatible con la Constitución. Pero en uno y otro caso se trató tan sólo de interludios, porque con la derrota napoleónica y el retorno del rey Fernando VII al trono volvieron también las ideas e instituciones más conservadoras, entre las que no podía faltar el Tribunal. En 1814, se restablecía bajo el mando del Inquisidor General Francisco Javier Mier y Campillo, obispo de Almería.
Éste justificaría su necesidad en evitar “los mismos errores y doctrinas nuevas y peligrosas que han perdido miserablemente a la mayor parte de Europa”, las cuales calificaba de “pestífero veneno” que “la juventud bebe como el agua”. Con el pronunciamiento de Riego, se aboliría por tercera vez la Inquisición en 1820. El final del Trienio Liberal trajo un nuevo restablecimiento, que duró hasta 1834 cuando, al cuarto intento, se logró imponer su definitiva supresión, que dejaba atrás más de tres siglos de existencia en España.
Pero la Inquisición continúa existiendo hoy, en pleno siglo XXI. Al menos una de ellas, la romana. No resulta muy conocido, pero la institución dependiente del papado nunca se abolió. En 1908 fue renombrada por Pío X con la nueva denominación de Congregación para el Santo Oficio y, en 1965, Pablo VI le dio su nombre actual: Congregación para la Doctrina de la Fe. Aunque su misión está actualmente circunscrita a marcar cuál es la doctrina católica correcta, sigue siendo una institución poderosa dentro de la Curia, que tuvo como uno de sus presidentes a Joseph Ratzinger, luego papa Benedicto XVI.
Una de sus polémicas principales fue con los teólogos de la liberación latinoamericanos, a los que tanto él como el papa Juan Pablo II reprocharon su acercamiento a los postulados marxistas. Recientemente, la Congregación ha protagonizado un importante contencioso con la organización de las monjas de Estados Unidos, a las que acusaba de alejarse de los postulados de la Iglesia en temas como la homosexualidad y el sacerdocio femenino.
Remite al dossier, El Santo Oficio, verdugo de herejes, de José Ángel Martos.
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