¿Puede Donald Trump privatizar la Luna?

En mitad de la pandemia de coronavirus, el mundo sigue girando y algunos países aprovechan para llevar a cabo polémicos mandatos ejecutivos que pueden pasar desapercibidos para el gran público. No obstante, ha sido sonada la orden ejecutiva (executive order, en España equivaldría a un decreto ley) emitida por el gobierno de los Estados Unidos en la que, rezan los titulares, se dispondría a privatizar la Luna, el satélite natural de nuestro planeta, conquistada por los humanos en 1969.

Pero, ¿qué dice en verdad esta orden ejecutiva? ¿Es cierto que Donald Trump pretende privatizar la Luna? Y, más importante aún, ¿puede hacerlo? Hemos hablado con, posiblemente, la personalidad española con más relevancia en derecho ultraterrestre, Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, titular de la Cátedra Jean Monnet Instituciones y Derecho de la Unión Europea, director del Observatorio de la Globalización de la Universidad de Jaén; y, desde julio de 2019, miembro del Tribunal Permanente de Arbitraje (PCA) en el panel especializado para el arbitraje de disputas relacionadas con actividades del espacio ultraterrestre.

Como ocurre con los de la Tierra, la explotación de los recursos del espacio no está exenta de un marco legal. La humanidad dispone de una serie de acuerdos internacionales para regular el uso del espacio exterior y de los cuerpos celestes. Uno de ellos es el Acuerdo que Gobierna las Actividades de los Estados en la Luna y otros Cuerpos Celestes, más conocido como el Tratado de la Luna, que data del año 1979, cuando fue firmado, y que entró en vigor en 1984. El problema es que solo habría sido firmado y ratificado por 17 naciones, entre las que no se incluye Estados Unidos. 

¿Qué ha hecho el ejecutivo de Donald Trump en plena pandemia? El pasado 6 de abril de 2020, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva ‘sobre el fomento del apoyo internacional para la recuperación y el uso de los recursos espaciales’. El contenido de esta orden contraviene frontalmente el Tratado de la Luna, como nos explica de Faramiñán: “En el tratado de la Luna, el artículo 11 dispone que la Luna y sus recursos son patrimonio natural de la humanidad, pero Estados Unidos dicen que eso a ellos no les afecta porque no han firmado el tratado de la Luna y se muestran contrarios a él”.

En la disposición segunda de la orden ejecutiva emitida recientemente por EE UU se puede leer lo siguiente: “Estados Unidos no es partidario del Acuerdo de la Luna. Además, Estados Unidos no considera que el Acuerdo de la Luna sea un instrumento efectivo o necesario para guiar a los estados nacionales con respecto a la promoción de la participación comercial en la exploración a largo plazo, el descubrimiento científico y el uso de la Luna, Marte u otros cuerpos celestes. En consecuencia, el Secretario de Estado se opondrá a cualquier intento por parte de cualquier otro estado u organización internacional de tratar el Acuerdo de la Luna como un reflejo o expresión del derecho internacional consuetudinario”. 

La orden ejecutiva al completo puede leerse aquí.

¿Se puede obligar a Trump a respetar el Tratado de la Luna?

Para responder a esta pregunta, primero tenemos que comprender qué es el derecho consuetudinario. Faramiñán nos orienta: “Un determinado tratado tiene cierto peso en el ámbito internacional cuando se repite de una manera reiterada y, por otro lado, se acepta que tenga valor jurídico vinculante; eso es lo que se llama derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es obligatorio, pero contiene ambigüedades, porque depende de lo que haga cada estado”.

“Una de las condiciones que tiene el derecho consuetudinario es la noción de la Opinio juris, es decir, la necesidad de que el que repite este acto esté convencido de que es jurídicamente vinculante. Pero Estados Unidos no lo está, así que no se les puede obligar a adoptarlo. Es una paradoja”, nos explica.

¿Y si Estados Unidos invade la Luna o la reclama para sí?

Para casos extremos, hay organismos de derecho internacional, como el Tribunal Internacional de Justicia; además, existe la corte permanente de arbitraje de La Haya, de la que de Faramiñán es miembro: “Cuando se produce un conflicto internacional, los países van a la lista de árbitros y consultan. Pero por ahora no se puede hacer nada porque la orden ejecutiva de Trump es un acto unilateral de estado”.

El caso de Luxemburgo

Estados Unidos no es el único país que se niega a aceptar los acuerdos internacionales de inviolabilidad de los recursos extraterrestres. Luxemburgo tiene en vigor una ley en la que se dice que el espacio es apropiable, lo que está absolutamente en contra del Tratado sobre el espacio ultraterrestre o Tratado sobre el espacio exterior, firmado en 1977, que dice que ningún estado podrá apropiarse de los recursos de los cuerpos celestes (más allá de la Luna), como los minerales de los asteroides (oro, platino), u otros recursos que pueda hallar la humanidad en el futuro (recordemos que Titán, una de las principales lunas de Saturno, está cubierta de un océano de gas natural líquido).

Perspectivas de futuro

“Lo que ha decidido hacer Donald Trump en plena pandemia de coronavirus, cuando todo el mundo está distraído, es terrible”, señala Faramiñán. “Estamos viviendo tiempos de desolación absoluta desde el punto de vista ético”, sentencia.

La consideración de un marco de derecho sólido es clave para el futuro inmediato de la humanidad, que estará marcado por la exploración espacial y la explotación de recursos como Marte y la Luna. El turismo espacial en la Luna y la inminente llegada del humano a Marte son dos realidades que estamos próximos a contemplar, además de otros probables hallazgos relacionados con el descubrimiento de vida sencilla extraterrestre y todo tipo de recursos de cuerpos celestes que podamos llegar a explorar.