Juicios y prejuicios de los españoles sobre la Administración Tributaria

Por antojo y con cierto atrevimiento, acostumbro a decir en determinadas conferencias y conversaciones de grupo que soy Interventor y Auditor del Estado e Inspector de Hacienda del Estado. Vaya por delante que es cierto y que tuve la fortuna de aprobar con 23 años, al comienzo de la década de los felices 90. El impacto de la declaración es inmediato, puesto que se deja escuchar un murmullo admonitorio, que confieso no saber muy bien si es debido a que mi aspecto físico invita a pensar que no poseo esos títulos, o que se ha caído toda la épica en torno a mi persona en ese mismo instante al declarar públicamente mi profesión originaria.

Aún recuerdo una entrevista en televisión al director de cine valenciano Luis García Berlanga, mientras estudiaba la oposición este humilde escribiente y aspirante a Inspector de Finanzas, en la que, sin venir a cuento ni a cuentas, descerrajó la siguiente frase: “No sé cómo alguien puede querer ser Inspector de Hacienda”. Veinte años más tarde, en una entrevista que me concedió Ángel Expósito en la radio a propósito de la presentación de uno de mis libros, soltó que el oficio de Inspector de Hacienda era el segundo más reprobado y calumniado del mundo, únicamente superado por los jueces de línea en un campo de fútbol. Y, sin embargo, en honor a la reputación y a la profesionalidad de todos los Cuerpos de la Hacienda Pública en España, aquí seguimos.

Por encima de traumas, estimas y autoestimas, todos los años el Instituto de Estudios Fiscales presenta su informe Opiniones y actitudes fiscales de los españoles, que expresa el sentimiento y el parecer de los contribuyentes españoles en relación con la Hacienda Pública en España. En el año 2017, último informe publicado, hay un predominio de quienes piensan que el cumplimiento fiscal no ha mejorado en la última década, de modo que el 73 por ciento de los ciudadanos considera que el pago de impuestos ha empeorado. Por el contrario, del 27 por ciento de los ciudadanos que perciben una evolución positiva, atribuyen el factor de mejora a tres aspectos de diferente relevancia tales como la conciencia cívica ciudadana, la Inspección de Hacienda y las retenciones salariales.

Esta variación negativa se agudiza en materia de fraude fiscal, porque casi un 86 por ciento de los ciudadanos encuestados cree que el fraude ha aumentado frente a un escaso 14 por ciento que cree que ha disminuido. En cuanto al orden de las causas que, según el imaginario social, están en la base del incumplimiento de las obligaciones tributarias se encuentran la impunidad de los defraudadores, la falta de honradez, la falta de conciencia cívica, la ineficacia en la lucha contra el fraude y la presión fiscal excesiva. Pero lo más revelador desde una perspectiva sociológica es que la mayoría de la población rechaza el comportamiento defraudador por razones de solidaridad y de principios, seguido de algunos que justifican parcialmente cierto nivel de fraude para salir adelante, frente a los menos que consideran que el fraude es algo consustancial a lo cotidiano.

Por otro lado, en el referido informe, hay un capítulo dedicado específicamente al pago de impuestos por parte de grandes empresas, y el resultado de las percepciones sociales es realmente expresivo. Tres de cada cuatro entrevistados no está de acuerdo con la afirmación de que las grandes empresas pagan impuestos de acuerdo con sus beneficios. En relación con la justificación de que las grandes empresas paguen menos impuestos que otros contribuyentes, el mayor porcentaje de respuesta lo obtiene la contestación "no está justificada" (92,4 por ciento) frente a un 7,6 por ciento de los encuestados que piensa que "está justificada porque las grandes empresas favorecen la inversión y la creación de empleo". Además, los encuestados consideran en más de la mitad de las respuestas emitidas que las grandes empresas pagan menos impuestos debido a la "mala regulación de los impuestos", hecho que les "permite utilizar los agujeros que ofrecen las leyes para pagar menos". Por último, el 16,3 por ciento de la población encuestada es partidaria de "establecer un Impuesto de Sociedades uniforme en todos los países de Europa o del mundo" y el 13,5 por ciento es favorable a "una subida del Impuesto de Sociedades para grandes empresas".

De otra parte, la opinión que manifiestan los entrevistados es muy favorable a la institución misma de la Hacienda Pública, pues considera un 91 por ciento que la función que desempeña para la sociedad es indispensable, frente a un 9 por ciento que considera que si no se pagaran impuestos todos viviríamos mejor. Lo que no queda claro es cuál sería la fuente de financiación de los servicios públicos, porque el gasto público no se cuestiona aun cuando se diezme el potencial de recaudación de ingresos fiscales.

Lo cierto es que, si bien la institución de la Hacienda Pública obtiene una valoración positiva en términos de necesidad, ser Inspector de Hacienda sigue siendo una profesión de riesgo en cuanto a su consideración social, porque te ganas un respeto instantáneo al tiempo que un recelo implícito, únicamente superado cuando los suspicaces tienen un problema con la Administración Tributaria y requieren de tus pretendidos conocimientos técnicos para solventarlos. Incluso he llegado a conocer a quienes, con cultura administrativa tradicionalista, venían a pensar que no pagamos impuestos como prebenda por nuestro título profesional. Para los incrédulos, que sepan que no solo los pagamos sino que a veces también cometemos errores en la autodeclaración personal porque no somos infalibles. Y que para que haya Hacienda Pública van a continuar existiendo Cuerpos y Escalas que desempeñen su cometido profesional. Lo lamento para los abolicionistas y los negacionistas, pero no hay alternativa.