El futuro incierto de las pensiones

Juan Álvarez es un asturiano de 64 años que se ha jubilado este septiembre de 2019. Estuvo empleado en una compañía de seguros y ha pasado los últimos meses viendo ofertas de viajes. "A partir de ahora voy a viajar por toda España y Europa”, dice este ciclista aficionado. Goza de una estupenda salud, por lo cual si se añade una buena pensión y sus ahorros, le quedan por delante los mejores años de su vida. De hecho, la European Social Survey indicaba que los jubilados españoles eran los más felices de Europa.

Cada día se jubilan unas 300 personas como Juan. Según los datos de la Seguridad Social, la pensión media en España es de 1.138 euros, la más alta de la historia. Esa pensión media seguirá subiendo cada mes. En pocos años, se jubilarán más de 500 personas al día. Jubilaciones cada vez más altas, con una esperanza de vida más larga, significa que hemos creado un eficaz Estado de Bienestar.

La parte fea de ese Estado de Bienestar es que, dentro de unos años, las generaciones de jubilados no tendrán pensiones tan altas o sufrirán serios recortes. La razón es muy sencilla: no habrá dinero para tantos jubilados. ¿Y cuándo ocurrirá eso? ¿En la década de 2020 a 2030? “En realidad, el sistema ya está teóricamente en quiebra”, afirma Enrique Devesa, profesor titular de la Universidad de Valencia que desde hace tiempo viene avisando del fin del mundo de las pensiones, al menos, de como lo conocíamos hasta ahora.

El sistema español de pensiones se basa en un concepto muy sencillo. Al final de cada mes, los trabajadores aportan dinero a una caja única. Y al final de ese mismo mes, millones de personas retiran el dinero de esa caja en forma de pensiones de jubilación, invalidez, viudedad… Como cualquier mortal puede imaginar, la cosa funciona mientras haya más dinero entrando que saliendo.

Un agujero de 20.000 millones

¿Y qué pasa cuando sale más dinero del que entra? Que se genera un agujero. Es lo que está pasando desde hace unos años. La caja única de la Seguridad Social tiene un déficit de 20.000 millones de euros, según los cálculos de Devesa. No es que la caja única se haya quedado sin dinero. Tiene una cifra colosal de dinero. El problema es que ese dinero es insuficiente para pagar a la avalancha de jubilados que se está produciendo cada día. Y de los que vienen. Todo ello se debe al sistema inventado hace muchos años para asegurar el futuro de los ancianos.

Para entender esta quiebra, es necesario hacer un repaso a uno de los mejores inventos de la historia: la Seguridad Social. Durante siglos, especialmente después de la Revolución Industrial, cuando un trabajador tenía un accidente o caía enfermo, significaba la ruina de la familia. Tenían que vivir de los ahorros o de la caridad.

Pero a finales del siglo XIX, el canciller alemán Otto von Bismarck fue impulsando progresivamente leyes para proteger a los trabajadores. Primero, fue la Ley Relativa al Seguro de Salud de los Trabajadores, aprobada en 1884. Si un trabajador caía enfermo o tenía un accidente, podía estar 13 semanas de baja, recibiendo una paga, medicinas y tratamiento médico. Los costes los sufragaban los empresarios y los trabajadores.

En 1884, el parlamento alemán aprobó la Ley de Seguro de Accidentes, y en 1889 la Ley de Jubilación y Garantía de Vejez de los Trabajadores, es decir, las pensiones. Quedaba inaugurado el estado de Bienestar.

En España, la primera ley social se aprobó en 1900 y se llamó Ley de Accidentes de Trabajo. Los patronos estaban obligados a “proporcionar sin demora alguna la asistencia médica y farmacéutica” al trabajador accidentado. El patrón tenía que rellenar un parte y entregarlo a las autoridades, así como abonar la mitad del salario diario al trabajador.

En 1908 se dio un paso más al crearse el Instituto Nacional de Previsión, la primera piedra en el sistema de pensiones, pues fundaba los Retiros Obreros para garantizar los retiros en la vejez. Pero no era un sistema obligatorio por lo cual se le llamó de “libertad subsidiada”.

El sistema obligatorio vendría después, en 1919, cuando se creó el Retiro Obrero. Durante su vida laboral, el trabajador abonaría diez céntimos al mes. El Estado ponía una peseta al mes, y los patronos, tres pesetas al mes. Al cumplir 65 años, si el trabajador había cotizado durante 20 años, devengaría una pensión vitalicia de una peseta diaria, es decir, 365 pesetas al año.

¿Mucho o poco? Poco. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 1918 una docena de huevos costaba de media en España 2,13 pesetas, el 7 % de la pensión mensual de 30 pesetas. Hoy una docena de huevos camperos cuesta casi tres euros en un híper, el 0,25 % de la pensión media mensual. Es decir, las pensiones de 1919 no eran para tirar cohetes.

Esta primera gran aventura de las pensiones en España vino con muchas limitaciones. No incluía a los trabajadores del campo. Tampoco a los trabajadores de más de 45 años. Estaba pensada sobre todo para los peones, pues establecía que los beneficiarios no podrían ganar más de 4.000 pesetas al año, que era un salario bajo para la época. De modo que los trabajadores por encima de esa categoría y salario (y edad) quedaban excluidos del sistema de pensiones. Y había algo injusto: todos los pensionistas recibían la misma cantidad, aunque hubieran contribuido 20 o 40 años.

Este sistema de ahorro se llamó de capitalización. Los trabajadores acumulaban su capital a lo largo de los años en una caja colaboradora del Estado (eran Cajas de Ahorro seleccionadas), y el monto también se incrementaba con intereses anuales, como si tuvieran una cartilla de ahorro. El dinero era gestionado por el Instituto Nacional de Previsión.

El subsidio de vejez

El siguiente impulso a los planes de jubilación llegó en 1939, meses después de acabar la Guerra Civil. Se aprobó el Subsidio de Vejez, que sustituía al Retiro Obrero.

La gran diferencia sobre el sistema anterior era que se abandonaba el método de capitalización. Cada trabajador ya no acumulaba el capital de su pensión a lo largo de su vida. En la posguerra, al llegar a la jubilación, el jubilado que salía del sistema cobraría del dinero aportado ese mes por las personas que estuvieran trabajando. Se llamó sistema “de reparto”. ¿Por qué ese cambio?

“La inflación en aquellos años de guerra fulminó el ahorro. La única forma de empezar de nuevo, era el sistema de reparto porque te permitía pagar las pensiones desde el primer día”, dice Devesa.

El nuevo sistema “de reparto” se aplicaba a personas entre 16 y 65 años, las cuales tenían que aportar en su vida laboral una cotización en función de su salario. Este no podía ser superior a 9.000 pesetas. El trabajador devengaría, a la edad de jubilación, una pensión de 90 pesetas mensuales. Patronos y obreros estaban obligados a afiliarse a este seguro. Se equiparaba por primera vez vejez e invalidez pues se suponía que con esta última cesaba la actividad laboral.

Pero, sin duda, la gran revolución de las pensiones llegó en la década de los 60. Se aprobó la Ley de Bases de la Seguridad Social, que asumía las recomendaciones de la Organización Mundial del Trabajo (OIT). El objetivo era hacer un sistema universal y unificado, para todo el país y todos los trabajadores. Es el que ha subsistido hasta ahora.

El sistema se basa en que los trabajadores aporten parte de su sueldo, y los empresarios, otra parte. Ambas aportaciones se recogen en una “caja única”, de modo que a medida que los trabajadores se van jubilando, se extrae el dinero de esa caja única para pagarles una pensión hasta que fallecen.

Había cambios profundos sobre la legislación anterior. Esta vez abarcaba a todos los trabajadores, no solo a los de bajos salarios. Incluía a los trabajadores por cuenta ajena, por cuenta propia (autónomos), así como a los socios de cooperativas, estudiantes, servidores domésticos, funcionarios, militares, y seglares y civiles en instituciones eclesiásticas. Se ponían en marcha diversos servicios sociales como higiene y seguridad del trabajo, medicina preventiva, recuperación de inválidos, y acción formativa.

Sin ánimo de lucro

De esta ley podían beneficiarse los españoles, y además “los súbditos de países hispanoamericanos, los andorranos, filipinos, portugueses y brasileños que residan en territorio español”. Los súbditos de otros países se sometían a los Convenios suscritos al efecto, siempre que fuera aplicable la reciprocidad.

No podía haber ánimo de lucro en las entidades gestoras de los fondos de la Seguridad Social pues, hasta entonces, se admitía la existencia de compañías mercantiles. Las entidades gestoras tenían representantes de los trabajadores y de los empresarios. Y, lo importante: el Estado se comprometía a sostener el sistema público de la Seguridad Social a cualquier precio. Es decir, era una función del Estado.

El sistema no era perfecto porque convivía con una miríada de mutuas patronales, pero sin duda, fue uno de los pasos más destacados de la historia para asentar la Seguridad Social. Con los fondos recogidos de las cotizaciones se financiaba también la asistencia sanitaria, algo que ahora no sucede pues la Sanidad se financia con impuestos.

En cuanto a lo más importante –el dinero–, se institucionalizaba el sistema “de reparto”. A todas luces, ese sistema siempre contaría con dinero de sobra mientras hubiera muchos más trabajadores en activo que jubilados. Pero en los años ochenta, este sistema de caja empezó a preocupar a los expertos por una razón muy sencilla. Cada vez nacían menos bebés.

Eso significaba que llegaría un momento en que las cuotas de los trabajadores activos no llegarían para pagar las jubilaciones. Por eso todos los partidos políticos crearon en 1995 una comisión para garantizar el futuro de las pensiones: el Pacto de Toledo.

El gran pacto político

Partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales aprobaron en 1995 una serie de 15 recomendaciones que han ido cumpliéndose a lo largo de los años. Una de las principales fue separar los fondos: las cotizaciones de empresarios y trabajadores irían a jubilaciones, desempleo, formación y otras contingencias. En cambio, las pensiones “no contributivas”, es decir, las que reciben las personas inválidas, que no hubieran contribuido a la Seguridad Social (o no lo suficiente), o las personas en edad de jubilación que no tuvieran recursos para subsistir, se financiarían con los Presupuestos Generales del Estado. Con impuestos. Se le llamó “separación de fuentes de financiación”.

El Pacto llegaba más lejos: se garantizaba no solo el poder adquisitivo de los pensionistas sino la mejora de este poder, de modo que si un año la inflación era inferior a la subida de las pensiones, no se les pudiera bajar la pensión; en los años de vacas gordas, se crearía una hucha o Fondo para ser usado en los años de vacas flacas (la hucha llegó a tener más de 65.000 millones de euros en 2013); se proponía también aumentar los salarios para aumentar las pensiones.

El esfuerzo intelectual de aquel Pacto fue de enorme calibre. Fue como si sus autores hubieran viajado al futuro en una máquina del tiempo, y vieran por anticipado todo lo que iba a pasar. Por eso trataron de preparar al país para evitar la quiebra del sistema.

Sus predicciones se cumplieron: el gasto en pensiones ha ido creciendo de año en año por varias razones. La primera, que la esperanza de vida se alarga. España es el cuarto país del mundo con mayor esperanza de vida (83 años años de media). Los japoneses son los más longevos. Pero según el Instituto para la Evaluación y la Medición de la Salud de la Universidad de Washington, en 2040 la esperanza de vida de los españoles será de casi 86 años, superando a los japoneses. Según la agencia de noticias Bloomberg, España es el país más saludable del mundo gracias a su sistema sanitario y a su dieta mediterránea. “Algo deben tener el gazpacho y la paella”, decía uno de sus teletipos.

La longevidad no es la única razón que está aumentando el gasto en pensiones de jubilación en España. Se añade que está empezando a retirarse la generación de las familias prolíficas. En los años 50 y 60 del siglo pasado, España disfrutó del mayor crecimiento económico de su historia. Más crecimiento, más ingresos, mejor nivel de vida… más niños. Nacían más de 600.000 niños al año. Era la pirámide de población perfecta.

La clave está en los niños

En aquellos años, la fertilidad era de más de dos hijos por mujer. Y, además, la mayoría de las mujeres eran madres antes de los 30 años. Había muchas familias numerosas. Ahora se tienen hijos a partir de los 30 años, y la fecundidad es de 1,3 hijos por mujer, una de las tasas más bajas del mundo. En 2016 nacieron poco más de 400.000 niños a pesar de que la población es un 50 % más voluminosa. La pirámide se va pareciendo a un defectuoso árbol de Navidad.

Menos hijos, menos trabajadores en activo… pero más ancianos, más pensiones y, sobre todo, más longevidad y muy buena salud. Houston, tenemos un problema. ¿Qué sistema podrá asumir tanto gasto?

“Lo importante es cuánto recaudamos”, dice Devesa. Lo dice porque el Estado ya no recauda suficiente con los ingresos por las cotizaciones. De hecho, ya pasa en algunas comunidades. Salvo Madrid, Baleares, Murcia y Canarias, en el resto de España la Seguridad Social ingresa por cotizaciones menos de lo que gasta, según el informe Las pensiones en las Comunidades Autónomas, editado por el BBVA y elaborado por José Antonio Herce.

Y además, las pensiones son cada vez más altas. Si nos atenemos solo a la pensión de jubilación, la cifra media superó hace años los 1.000 euros. En 2019, la pensión media de jubilación en España era de 1.139 euros, lo cual la hace la más alta de la historia de España y una de las más altas de Europa.

Eso se debe a que la mayoría de los pensionistas españoles está cobrando una pensión que se parece mucho a lo que ganaban cuando dejaron de trabajar. En términos técnicos se dice “tasa de sustitución”. La tasa de sustitución en España es del 82 %. Eso quiere decir que la media de los pensionistas está cobrando el 82 % de su último salario. En el resto de la UE es más o menos del 50 % (se retiran con la mitad), razón por la cual se dice que España tiene un sistema de pensiones bastante generoso… pero caro.

Cada mes, se baten récords de pagos de pensiones: en agosto pasado, salieron de las arcas del Estado 9.681,5 millones de euros para pagar las diferentes pensiones, la cifra más alta que se conoce. Se pagan 9.756.142 pensiones, también la cifra más alta de la historia. Solo en pensiones de jubilación, se pagaron 6.894 millones de euros.

Aunque el Estado se gasta una media de más de 9.000 millones de euros al mes en pensiones, hay dos meses en que la cifra se duplica: julio y diciembre, con las pagas extras. Llega a 18.000 millones. En esos meses, el Estado tiene que rascar dinero de todos los sitios: desde el famoso Fondo de Reserva del que ya quedan 5.000 millones, hasta la emisión de deuda.

Para evitar que se rompa el dique de las pensiones por la presión incontenible de los jubilados, el gobierno aprobó en 2013 una reforma que ha dolido mucho a los pensionistas: revalorizar las pensiones no en función de la inflación anual sino de un baremo llamado Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP). Este baremo, algo complejo de entender pues está basado en una fórmula matemática, tiene en cuenta varias cosas: los ingresos de la Seguridad Social, el número de pensiones, el efecto sustitución (debido a la diferencia entre la cuantía de las bajas y de las nuevas altas de las pensiones de la Seguridad Social) y la corrección de parte del déficit estructural del sistema. En resumen, tiene en cuenta cuánto puede pagar el Estado en función del número de pensionistas y de la cuantía de sus pensiones.

Era como si la paga de los jóvenes de una familia variase en función de los ingresos de esa semana de los padres, el hermanito que viene, y en qué años se van a emancipar los más hijos mayores.

Pues bien, según el IRP, en los últimos años, las pensiones no deberían haber subido sino bajado. Para este año, un 2,19%. Sin embargo, no se aplicó esa bajada porque los políticos, previendo el terremoto social, aprobaron en 2013 una cláusula salvadora: pasara lo que pasara con el IRP, las pensiones deberían subir cada año al menos un 0,25%.

El problema es que una subida del 0,25 % era tan poco que las cadenas de televisión mostraban algunos jubilados que habían recibido solo un euro de más. Si ese año hubo una inflación superior a 0,25%, ese jubilado incluso habría perdido poder adquisitivo.

Lo que sube, cuesta

Para garantizar el poder adquisitivo, el Gobierno del PP previó una subida del 1,6% de las pensiones en los presupuestos de 2018. ¿Y cómo se iba a financiar? Desde luego, no con las cotizaciones, pues la caja no daba para más. Se financiaría con impuestos a las empresas tecnológicas (impuesto Google, que se está debatiendo aún), el ahorro de los intereses de la deuda y porque se iba a destinar menos dinero al rescate de las autopistas. Al final, a pesar de que el gobierno del PP fue sustituido por el PSOE en 2018, se aplicó el plan: el gobierno socialista aprobó para 2019 unas subidas notables: un 1,6 % de más en las pensiones (la inflación fue del 1,2%), y un 3% en las mínimas.

La medida fue aplaudida por millones de ancianos, sobre todo por esa vanguardia que tomó las calles. Pero los economistas se echaron las manos a la cabeza, entre ellos Gabriel Tortella. “Los jubilados y pensionistas tienen poca razón en sus reclamaciones. Durante los largos años de la crisis, las pensiones se han cobrado puntualmente mientras los trabajadores en activo veían sus sueldos reducidos o perdían su empleo… Nadie denunció el trato privilegiado que recibíamos los pensionistas (yo soy uno de ellos), que fue posible a costa de esquilmar los fondos de la Seguridad Social”, decía Tortella en El Mundo, quien anunciaba un diluvio, pero no de agua, sino de deuda, la cual es tan enorme que ya supone el 100 % del PIB. Es decir, que el Estado español está tan endeudado que para saldar sus cuentas tendría que destinar el esfuerzo de los españoles de todo un año, valorado en productos y servicios, para pagar las deudas.

Pero la cifra de las pensiones no va a bajar sino que va a seguir subiendo porque en los próximos años se jubilará, por así decirlo, la generación mejor pagada y más voluminosa de la historia. Los baby boomers nacidos entre finales de los 50 y en los 60.

Ahora ya se están jubilando con 65 años los que nacieron en 1954. A partir de ahí, comienza la fiesta de los bebés. España aumentó su producción de niños en masa. Todavía en 1975, nacían más de 600.000 niños al año.

Eso significa que en los próximos años habrá una avalancha de jubilados con pensiones altas. Y esos jubilados no son como los de hace 100 años. Vivirán más años, de modo que encontraremos personas de más 90 años que hayan pasado más tiempo cobrando jubilación que trabajando y, seguramente, muchos de ellos aparecerán en programas de TV como Viajando a los 80 de Antena 3, pero será Viajando a los 90. De hecho, en enero del 2018, España tuvo por primera vez en su historia más de medio millón de personas de más 90 años.

Eso dio motivos a comentarios crueles, como los de Carlos Solchaga, exministro de Economía, quien afirmó que un jubilado agota a los 12 años todo lo que ha aportado en su vida a la Seguridad Social. “La mayoría no ha pagado ni la mitad de lo que reciben”, llegó a afirmar el exministro, algo que sentó bastante mal. La verdad es que el envejecimiento se convierte en un problema cuando no hay dinero para pagar las pensiones de jubilación. Por eso se estudian diversas salidas a este drama.

Trabajar más

La primera de ellas es elevar las cotizaciones. Hoy, las personas trabajadoras aportan a la caja de la Seguridad Social el 4,7 % de su salario, y los empresarios, añaden el 23,6 % tomando como base la remuneración total del trabajador. En suma, el 28,3 % que va a la jubilación. “Es un porcentaje que está por encima de otros países”, afirma Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research.

Imaginemos que estas suben al 35 % o al 40 %. “Eso desincentivaría el empleo y la inversión en capital humano”, afirma Doménech. Para los empresarios sería un coste tan elevado que preferirían cambiar de país.

La segunda propuesta es elevar la edad de jubilación, cosa que se está haciendo. Hasta el año 2013, una persona se podía jubilar con 65 años y cobrar el 100 % de la pensión si había cotizado al menos 35 años. Pero la crisis obligó a cambiar las cosas. A partir de ese año, la edad de jubilación se iría incrementando un mes al año. De modo que en 2027, la edad será de 67 años. Pero las condiciones para cobrar el 100% de la pensión también cambiaron. En 2013 se requerían 35 años. Pero se va produciendo un aumento progresivo, de modo que ahora, en 2019, se exigen 35 años y seis meses. Y en 2027 se pedirán 37 años para cobrar el 100%.

¿Se elevará aún más la edad de jubilación? El sistema no “obliga a jubilarse” a ninguna edad, sino que establece cuándo puede uno obtener el 100 % de su jubilación. Alemania, que pone las reglas, ha alargado la edad de jubilación para que sea a los 67 en 2027. Pero los expertos ya dicen que es insuficiente: en la década de 2030 habrá que alargar por encima de los 70, o no habrá forma de sostener el sistema. Y cuando los alemanes se resfrían… .

Otra salida es subir los impuestos en general, para pagar las pensiones. No es de las mejores salidas, pues eso significa que la Seguridad Social, a pesar de su ingente cantidad de dinero, está vampirizando recursos del Estado que podrían dedicarse a otras cuestiones.

Una de las más recomendadas es fomentar la natalidad. Es lo que propone el demógrafo Alejandro Macarrón. Probablemente, es la propuesta que ataca el problema desde su base porque todo se origina por una falta de natalidad. Muchos expertos aducen que no se tienen hijos porque hay bajos salarios y los pisos son muy caros. “Si fuese así, los países muy ricos tendrían una natalidad desbordante y, en España tendríamos más hijos que hace 100 años porque, ahora tenemos un nivel de prosperidad muy superior”, decía en una entrevista a Abc.

Según Macarrón, la gente no tiene hijos por una cuestión moral: “Hoy se ve como marujas a las mujeres que están en el hogar y tienen más hijos que las demás”. Para él, no habría que promover un cambio económico sino moral.

Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), por su parte, recomienda traer más inmigrantes, al ritmo de 270.000 al año hasta el 2048. Eso permitiría aumentar la productividad, compensar la baja natalidad y reducir el déficit de la Seguridad Social. O no. Macarrón lo pone en duda. “La inmigración, por su menor cualificación y más paro promedio, aporta poco en impuestos y cotizaciones sociales. En 2016, los extranjeros sin doble nacionalidad –el 11% de la población de 20 a 64 años–, aportaron solo el 4,5% de las cotizaciones sociales, y el 3,5% de los ingresos por IRPF”. Además, según Macarrón, antes los inmigrantes en paro volvían a sus países, pero ahora se quedan porque saben que tendrán subsidios.

“No hay una solución mágica: la salida sería una combinación de varias”, dice Rafael Doménech. Para empezar, Doménech afirma que no hay que ser catastrofista sino realista. “El sistema tiene mucho dinero”, añade, refiriéndose a las ingentes cantidades de dinero que salen todos los meses del bolsillo de trabajadores y empresarios para financiar la jubilación.

Una cuenta propia para la vida laboral

Lo que propone Doménech es crear un sistema de información transparente que permita a los trabajadores saber desde el primer día cuánto van a ingresar en su jubilación. Sería implantar el llamado “sistema nocional”. Nocional es un término financiero anglosajón (notional amounts). El trabajador a lo largo de su vida va depositando sus ahorros en una cuenta propia. En cualquier momento puede saber cuánto ha puesto, y cuánto le puede quedar de pensión. Puede aumentar o disminuir la cantidad cuando quiera, y se añaden los intereses como cualquier inversión.

Lo que está claro es que hay que cambiar el sistema y que eso lo deben hacer los políticos. El número de pensionistas ha pasado de siete millones a casi nueve en 16 años. De suponer un 20% de los Presupuestos Generales de Estado, las pensiones ya suponen más del 40%: en los Presupuestos de 2019, el Estado destinó a pensiones 153.000 millones de euros. Y en los próximos diez años será más de la mitad del presupuesto. Las costuras del sistema están a punto de reventar si no se pone en marcha un cambio radical.

“Como las pensiones sigan creciendo con el IPC, es muy posible que se llegue a quitarles alguna paga extra; como ocurrió en Grecia, donde algunas pensiones se recortaron un 40%: es la ‘helenización’ de las pensiones, aunque en España no creo que se alcance una reducción tan grande”, afirma Devesa. En Grecia, un gobierno de izquierdas ha tenido que tomar esas medidas para tener el apoyo de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, y evitar la bancarrota.

Guste o no, si no se ponen en marcha esas medidas de choque en España, las generaciones de jóvenes de ahora cargarán con la deuda de sus abuelos. Tienen salarios bajos e inestables. En cambio, sus abuelos tienen pensiones fijas y crecientes. Son dos mundos que caminan en sentido contrario.

La campaña de comunicación

Los nuevos jubilados se están retirando (julio de 2019) con una pensión de unos 1.338 euros al mes, mientras el salario más frecuente en España es de 1.178 euros al mes, según unos cálculos realizados por lainformación.com basados en datos oficiales.

Los expertos pueden discrepar en cómo hacer los cambios, pero no tienen ninguna duda de que hay que modificar el sistema de pensiones, tal y como lo conocemos hasta ahora. Para los políticos, supondrá convencer a los jóvenes de hoy que no habrá dinero para sus pensiones de mañana, al menos de una cuantía similar a las actuales. Probablemente será la campaña de comunicación más difícil de la historia.

* Este artículo salió publicado en Muy Negocios & Economía 1.