Verdades y mentiras del dilema sobre centralización y descentralización política en España

“Pensiones o autonomías”. Este ha sido el grito de guerra y la soflama con la que algún partido político se ha presentado a los recientes debates en campaña electoral. Pueden ser baldíos los esfuerzos por intentar imponer cierta racionalidad elemental en unos tiempos donde prima la visceralidad y la pulsión por lo momentáneo y por lo simple. Ante esta vulgarización del discurso ideológico, sobrepasado por el arte de la confusión emocional que lleva a abrazar en algún caso el dilema “César o nada”, conviene volver a situar la reflexión en un ámbito donde lo razonable y lo contrastable venza a lo rudimentario y al eslogan inminente.

Desde una perspectiva política, existe una dicotomía muy arraigada en el imaginario español que anuda la centralización a la derecha española y la descentralización a la izquierda sociológica. Esta concepción binaria, e intelectualmente sin base alguna, deriva de cierto intento seudocultural de arraigar la derecha constitucional en el franquismo monocrático que se cimentó en un modelo de poder político unitario y centralista. Sin embargo, más allá de estas derivadas carentes de fundamento racional, no hay problema en que la izquierda pueda defender modelos centralistas de Estado y la derecha, modelos descentralizados. Basta con analizar la formación y estructura de los Estados europeos desde 1945 para comprobar que existen toda suerte de plantas de organización política, y las formaciones políticas de izquierda gobiernan sin problemas en Estados centralizados, sin que en modo alguno exista una reivindicación centrífuga en esos territorios.

En el plano administrativo, y como mera hipótesis de trabajo, puede analizarse qué ocurriría si España deviniese en Estado centralizado. Y, con independencia de las implicaciones en términos de eficacia en la gestión pública que se pudieran derivar de un alejamiento del sistema de toma de decisiones, se comprobará que los ahorros netos serían escasos en términos estrictamente presupuestarios. Cierto es que desaparecerían las Asambleas regionales, pero no su actividad legislativa y de control, que debería ser asumida por las Cortes Generales. Como también es cierto que podrían suprimirse los órganos de control y fiscalización externa de derechos y de gestión pública (Defensores del Pueblo, Cámaras de Cuentas) pero sus funciones no desaparecen puesto que los servicios que tutelan se mantendrían en otra dimensión política. Los Gobiernos regionales desaparecerían pero no lo harían sus competencias ni sus servicios, de modo que, a lo sumo, desaparecería el órgano de gobierno pero no sus integrantes que pasarían a ser, como lo fueron en su momento, Directores Provinciales con retribuciones, en muchos casos, superiores a las actuales.

El setenta por ciento aproximadamente del gasto público de una Comunidad Autónoma se configura por el gasto educativo y el gasto sanitario, servicios públicos esenciales cuya dotación y ejercicio procede en cualquier ámbito de organización política, ya sea centralizada o descentralizada. Una evolución a un modelo centralista no supondría ningún ahorro presupuestario en términos de personal, que constituye la rúbrica presupuestaria más cuantiosa, y apenas supondría ahorros en términos de gasto corriente puesto que ya se han impuesto en las dos últimas décadas modelos de contratación compartida y subastas centralizadas a las que se han sumado mayoritariamente todas las Administraciones. Por lo que se refiere a los equipamientos y gasto de inversión no existirían ahorros previsibles, de modo que, de manera general, los márgenes aparentes de reducción de gastos presupuestarios son pírricos. Este ejercicio muy básico se podría extrapolar también a otras áreas de gestión autonómica (agricultura, ganadería, turismo, justicia, seguridad) con un resultado equivalente.

Quedaría únicamente por analizar la bondad de la existencia de determinadas entidades públicas de base fundacional o empresarial en mano pública. Y, en este punto, habría que distinguir entre aquellos organismos e instituciones que desempeñan funciones inherentes a competencias materiales que en todo caso deben ser prestadas por el sector público, de aquellas entidades, generalmente de base societaria, que se crearon con fines de interés general pero que no contribuyen a un fin de interés público establecido legalmente. Cierto es que en este último ámbito de organización existe una parcela de mejora y que cabe la extinción de determinadas entidades, pero también es cierto que el análisis debe hacerse caso por caso y evitar la brocha gorda en el análisis político.

Para los simplistas y los conformistas con el discurso de las emociones, el eslogan “Pensiones o autonomías” representa una oportunidad de confundir cuando lo que se debe es infundir conocimiento y centralidad. No todo vale, y lo que menos vale es la propaganda y el artificio.