“Hay muchos problemas para medir la corrupción, sus efectos se ven a medio plazo”

La corrupción es una de las principales preocupaciones de los españoles desde hace años y muchos son los que se preguntan por qué España es tan corrupta y pocos saben sacar las cuentas de la corrupción. Hay quien habla de un coste para el estado de 123.488 millones de euros, es decir casi el doble de la suma del gasto anual en sanidad, educación, justicia, cultura, paro y políticas activas de empleo y la deuda pública (65.164 millones de euros en total) pero ese cálculo es complejo de hacer, según explica Manuel Villoria, miembro del Comité de dirección Transparencia Internacional de España.

El dato de los 120.000 millones lo sacó a la luz casoaislado.com una organización privada sin ánimo de lucro, pero abiertamente simpatizante con Podemos, que ha recopilado los distintos casos de corrupción en España y contabiliza 576 casos y 8.088 implicados, entre imputados, testigos, condenados, absueltos. La organización avisa en su página web que el coste calculado es una estimación y que no incluye los gastos derivados de las investigaciones e instrucciones de los procesos pero incluye en ese cálculo medidas como la amnistía fiscal hecha por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 o el rescate bancario del mismo año.

Lo primero que viene a la mente cuando se intenta valorar el coste de la corrupción es ¿qué es corrupción?

La corrupción puede ser pública o privada. Nos centraremos en la pública, que implica la presencia de al menos un responsable público en la toma de decisiones. Corrupción es abuso del poder cedido fiduciariamente (la ciudadanía entrega poder a los servidores públicos para que lo usen para el bien común) para beneficio privado, directo o indirecto. La corrupción puede implicar incumplimiento de normas o, también, incumplimiento de los deberes éticos que en una sociedad se consideran relevantes. En ocasiones las normas permiten lo que la ciudadanía no permitiría o, al menos, consideraría reprobable moralmente. Serían corruptas ciertas formas de abuso de poder, con beneficio privado (de cualquier tipo, no solo económico) aunque fueran legales, si son moralmente rechazables (en el país correspondiente o en las prácticas internacionales).

Los gobiernos pueden tomar decisiones equivocadas pero ello no implica corrupción; para que exista corrupción debería haber abuso de poder y beneficio privado. El despilfarro puede ser corrupto o no, dependiendo del beneficio privado. Y las decisiones como la amnistía fiscal o el rescate pueden ser inmorales, pero si no hay beneficio privado para los hacedores de políticas no tienen por qué ser corruptas.

Muchas veces parece que la corrupción no afecta al día a día de los ciudadanos ¿qué efectos reales tiene la corrupción en la marcha de una economía como la española?

Hay estudios serios que hablan de que, indirectamente, produce pérdidas anuales de en torno al 1,2/1,5% del PIB, esencialmente, impide crecimientos adicionales para la economía española en torno a esas cifras.  Por no hablar del despilfarro, que aunque no es lo mismo, suele estar muy relacionado.

¿Por qué se tiene la impresión de que España más corrupta que otros países Europeos?

La percepción general de corrupción es muy alta entre los españoles. Pero la victimización (sobornos pagados) es muy baja, como Alemania o algunos países nórdicos. La percepción de corrupción expresa un hartazgo con la forma en que los políticos rigen el país. Los múltiples escándalos de corrupción que se han sucedido en España, sobre todo a partir del boom urbanístico y que, por desgracia, continúan hoy (véase recientemente el caso del comisario Villarejo y sus múltiples ramificaciones), han provocado que la legitimidad de nuestras instituciones democráticas fueran seriamente dañadas. Es cierto que la crisis económica, confrontada mediante las denominadas políticas de austeridad fiscal, también ha influido en esta deslegitimación y la consiguiente desafección.

La desconfianza institucional es muy alta en España pero la Administración no es corrupta en general, salvo algunas bolsas particulares en el sector local o en las empresas públicas. La diferencia entre percepción de corrupción y sobornos realmente cobrados es la más alta de Europa. Esto quiere decir que en la percepción se suma que existe un alto rechazo a la corrupción (entre los tres más altos de Europa), una fuerte desconfianza hacia las instituciones políticas (gobierno, parlamento y partidos) y los efectos aún no superados de la crisis económica en los sectores más débiles de la sociedad.

De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción de Tranparencia Internacional (CPI), España ocupa la posición 41-44 entre los 180 países estudiados en el CPI de este año, y, junto con Letonia, se ubica en el puesto número 20 entre los 28 países de la Unión Europea.

¿Qué complicaciones se presentan a la hora de responder a la pregunta de ‘cuánto cuesta la corrupción’?

Hay muchos problemas para medir un fenómeno oculto y cuyos efectos se ven sobre todo a medio plazo. A veces, la corrupción puede hacer que parezca que se crece económicamente y que fluyan capitales (muchas veces del crimen organizado), pero los efectos se ven a medio plazo y, desde luego, a largo. Esos estudios longitudinales son complejos y en España no hay,  excepto alguno muy discutible.

Parece que pese a los anuncios constantes de los distintos gobiernos, la corrupción parece que no disminuye ¿las medidas implementadas sacan más casos a la luz o el sistema político español es tan corrupto como parece?

Las medidas adoptadas a veces no se implementan, pero cuando se toman e implementan los cambios se notan. El mejor ejemplo es la Comunidad Valenciana, donde el trabajo ha sido intenso y la implementación eficaz. La percepción de corrupción ha bajado, la preocupación por la corrupción también ha disminuido en esa Comunidad. Mientras, en el nivel nacional no se toman las medidas oportunas y se abandona el proyecto de regeneración.

A veces, es verdad que si se lucha en serio aparecen más casos, pero poco a poco el mensaje cala y los corruptos empiezan a analizar costes y beneficios retirándose del mercado si ven que los costes se elevan en exceso. En España hay redes de corrupción política muy sólidas y extendidas, sobre todo en ciertas Comunidades, como Madrid, estas redes están vivas, buscando nuevas formas de continuar su trabajo. Pero su capacidad de acción ha disminuido. No obstante, si ven que la lucha baja su intensidad, volverán a actuar con la impunidad con la que actuaban.

¿Qué tipo de medidas se deberían tomar para luchar contra la corrupción?

Falta el impulso global, la estrategia colectiva, el proyecto holístico. Concluimos, por desgracia, como en años anteriores: es tiempo de debatir y generar el consenso en este movimiento y evitar que visiones cortoplacistas impidan generar el cambio.  Esperamos tener pronto normas que protejan a los denunciantes de corrupción, que regulen los lobbies, que refuercen la independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial. Y órganos independientes y con medios suficientes para proseguir esta actividad tanto desde la prevención como desde la represión.

En 2018 vimos cómo por primera vez en la historia de España triunfó una moción de censura constructiva y cayó un gobierno para que llegara otro nuevo. La razón de la moción de censura fue la corrupción del partido político que sostenía al gobierno y, con ello, la necesaria regeneración que tal situación demandaba. Los datos del CPI, pese a sus limitaciones para evaluar cambios de un año para otro, no parecen recoger una amplia mejora con la llegada del nuevo gobierno. Los niveles reales de corrupción de un país no cambian de un año para otro de forma sustancial casi nunca, los cambios exigen tiempo y continuidad, pero, aun así, esperábamos mejores datos.

Tras ya más de 14 meses en el cargo el nuevo gobierno no ha realizado cambios sustanciales en la política anticorrupción. La prometida regeneración democrática no parece estar entre las prioridades del Gobierno. Somos conscientes de su debilidad parlamentaria y de los graves problemas que confronta, como la necesidad de hacer frente a los retos de aprobación de los presupuestos y la deriva independentista en Cataluña, pero ello no impediría haber intentado generar un gran pacto y comenzar a diseñar una estrategia holística de prevención y lucha contra la corrupción. Los datos del CPI muestran que aunque exista una mejora se esperaba mucho más de los nuevos tiempos en la política española.

Hay que destacar el trabajo de cientos de miles de servidoras/es públicos que trabajan con honestidad y mantienen los índices de victimización por corrupción entre los más bajos de Europa: en España casi nunca se pagan sobornos a funcionarios por acceder a servicios públicos. También tenemos que destacar la labor de algunos gobiernos autonómicos y locales que están generando normas, procesos y prácticas que ponen límites a la corrupción y que no enumeramos para evitar cualquier posible sesgo u olvido.